Ley de Glaciares: estudiantes de la UNSA advierten sobre riesgos ambientales y falta de consenso

• La denuncia a la senadora salteña Flavia Royón puso en el centro de la escena al lobby minero detrás de la modificación a la Ley de Glaciares.
• Dos estudiantes de la Ingeniería en Recursos Naturales y Medioambiente de la UNSa opinaron sobre el tema: cuestionan la información errática de ciertos expositores y anticipan un impacto ambiental adverso por la flexibilización normativa.

El debate por la modificación de la Ley de Glaciares, que ya tuvo media sanción en el Senado, volvió al centro de la escena nacional tras la denuncia de abogados ambientalistas en contra de la legisladora nacional salteña y ex secretaria de Minería Flavia Royón, a quien acusan de representar los intereses de grandes compañías mineras que se verían beneficiadas por la medida.

En ese marco, estudiantes de la Universidad Nacional de Salta (UNSA) expusieron una mirada crítica sobre el proceso legislativo y alertaron sobre las posibles consecuencias ambientales de avanzar con cambios sin suficiente respaldo técnico.

Consultadas al respecto en el segmento radial de este medio, Sapo de Otro Pozo, Priscila y Tamara, estudiantes de Ingeniería en Recursos Naturales y Medio Ambiente, cuestionaron la forma en que se está llevando adelante la discusión en el Congreso.

Según señalaron, la instancia de audiencia pública previa al tratamiento en la Cámara de Diputados fue “acotada” y con participación selectiva. “Se incluyó a ciertos expositores y se dejó afuera a voces con postura crítica, incluso especialistas clave”, advirtieron.

Uno de los puntos más sensibles es la posible flexibilización de la normativa que protege los ambientes glaciares y periglaciares, lo que podría habilitar actividades como la minería o la explotación de hidrocarburos en zonas actualmente restringidas.

Un recurso clave que no es solo del sur

Las estudiantes remarcaron que existe una percepción errónea sobre la ubicación de los glaciares. “No están solo en el sur. En Salta hay alrededor de 600 glaciares, muchos de ellos de tipo ‘de escombro’, que están debajo de la superficie”, explicaron.

Estos sistemas cumplen un rol fundamental en el ciclo hídrico. Alimentan ríos y cuencas que atraviesan distintas provincias, por lo que cualquier intervención en zonas de alta montaña puede generar impactos a gran escala.

“Lo que pasa en un glaciar no queda ahí. Afecta a toda la cuenca. Y las cuencas no respetan límites políticos”, subrayaron. En ese sentido, pusieron como ejemplo conflictos interprovinciales por el uso del agua, donde decisiones en una jurisdicción terminan perjudicando a otra.

ANTES:

El eje del conflicto: quién controla y cómo

Uno de los cambios que genera mayor preocupación es la posible transferencia de competencias desde Nación hacia las provincias para definir qué áreas pueden ser intervenidas.

Actualmente, la ley establece presupuestos mínimos de protección a nivel nacional. Con la modificación, ese piso podría flexibilizarse, dejando mayor margen de decisión a cada provincia.

“Eso puede generar controles más débiles, no por falta de capacidad profesional, sino por limitaciones estructurales: menos presupuesto, menos personal y menor capacidad técnica”, señalaron.

También cuestionaron que organismos especializados, como el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), no hayan tenido un rol central en la discusión pública.

Desarrollo vs. ambiente: una falsa dicotomía

Las estudiantes rechazaron la idea de que oponerse a la reforma implique estar en contra del desarrollo económico.

“No se trata de frenar la producción, sino de encontrar un equilibrio. El problema es que estamos hablando de recursos esenciales como el agua”, explicaron.

En ese sentido, insistieron en la necesidad de decisiones informadas, con participación de especialistas y tiempos adecuados de análisis: “Las modificaciones ambientales pueden ser irreversibles. Por eso no se pueden tratar con apuro”.

Un debate que trasciende lo ambiental

Durante la entrevista también se abordaron otras políticas vinculadas al ambiente, como la situación de la Ley de Bosques y la normativa sobre incendios, que según indicaron, forman parte de un contexto más amplio de discusión sobre el uso de los recursos naturales.

“Son decisiones que no solo impactan en el ambiente, sino también en la salud, la economía y el futuro de la sociedad”, concluyeron.

Mientras el proyecto avanza en Diputados, el debate suma voces desde distintos sectores. En este caso, desde la universidad pública, con una advertencia clara: sin información, sin consenso y sin planificación, los costos pueden ser mucho más altos que los beneficios.

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