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- Una auditoría interna detectó irregularidades en el manejo de fondos durante la gestión anterior de Rectorado.
- El informe final podría estar listo en un plazo de entre 30 y 45 días y será clave para determinar si existieron responsabilidades administrativas o si el caso debe avanzar en la Justicia.
Las autoridades de la Universidad Nacional de Salta avanzan en una investigación interna por un presunto desvío de 634 millones de pesos de fondos públicos que habrían sido canalizados en una fundación privada vinculada a la institución: FUNDALTES (Fundación de Altos Estudios).
El informe en cuestión– titulado Informe General Analítico de Gestión– sobre el estado económico-financiero de la casa de estudios fue presentado días atrás por el rector Miguel Nina y la vicerrectora María Rita Martearena ante el Consejo Superior, el órgano de co-gobierno universitario.
El secretario de Asuntos Jurídicos de la UNSa, Daniel Mansilla Muñoz, explicó en el programa radial de este medio Sapo de Otro Pozo que las irregularidades podrían derivar en denuncias judiciales y/o sumarios administrativos en contra de la anterior gestión, encabezada por Daniel Hoyos (ex rector) y Nicolás Innamorato (ex vicerrector), entre otras figuras.
Según detalló el funcionario, el proceso se inició con una auditoría interna que identificó operaciones realizadas por parte de FUNDALTES sin conocimiento ni intervención del Consejo Superior ni de las autoridades universitarias, pese a que por acta constitutiva la presidencia recae en manos de quien encabece Rectorado.
A partir de allí, se detectaron bienes no registrados/inventariados —como computadoras, maquinarias y rodados— que debieron ser incorporados posteriormente al patrimonio de la universidad, mediante la figura de «donación».
Fondos, inversiones y operaciones bajo análisis
Uno de los puntos centrales de la investigación es el destino de fondos que, según indicó Mansilla Muñoz, “tendrían que haber ingresado a la universidad, pero fueron dirigidos a la fundación”.
De acuerdo a los datos preliminares, entre 2023 y 2025 la fundación registró un crecimiento significativo en sus recursos, alcanzando montos cercanos a los 634 millones de pesos, en parte a partir de inversiones financieras como plazos fijos.
Ese dinero, explicó el secretario de Asuntos Jurídicos de la UNSa, no se encuentra actualmente disponible como tal, sino que habría sido utilizado en la adquisición de bienes, contratación de servicios y otras actividades.
Mansilla Muñoz sostuvo que entre las operaciones observadas figuran pagos por pauta publicitaria y el desarrollo de una página web cuyo costo (alrededor de 15 mil dólares) fue cuestionado por informes técnicos internos.
El funcionario advirtió que se debe determinar si el uso de la fundación para realizar contrataciones sin los controles que exige la administración pública configura o no un delito, algo que será determinado en el Poder Judicial. «En principio hay una irregularidad, eso está clarísimo«, sintetizó.
Mansilla Muñoz dijo que, a diferencia de FUNDALTES que contrata como privado, la UNSa debe cumplir con procesos administrativos como licitaciones y concursos públicos para garantizar transparencia. “Ahí es donde aparece la irregularidad”, explicó el funcionario, al señalar que ese mecanismo podría haber sido utilizado para evitar los procedimientos administrativos obligatorios.
Auditoría en marcha y posibles acciones
Actualmente, el Consejo Superior de la UNSa aprobó un plan de auditoría que incluye un análisis específico sobre el funcionamiento de la fundación.
El informe final podría estar listo en un plazo de entre 30 y 45 días y será clave para determinar si existieron responsabilidades administrativas o si el caso debe avanzar en la Justicia.
Mientras tanto, la actividad de la fundación se encuentra limitada y no se están firmando nuevos convenios hasta tanto se esclarezca la situación.
El caso abre un nuevo frente de debate en la universidad pública, en torno a la transparencia en la gestión de fondos y el rol de las estructuras paralelas como fundaciones.
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