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- El país cayó a la categoría más baja del ranking en los últimos dos años, luego de haberse ubicado en un nivel superior.
- Los principales factores son: restricciones a la protesta social, interferencias en la vida interna de los sindicatos y los despidos anti-sindicales.
Argentina se encuentra entre los diez peores países del mundo en materia de derechos laborales, un diagnóstico construido durante el gobierno de Javier Milei. Así lo advirtió el Índice Global de Derechos que elabora la Confederación Sindical Internacional (CSI).
De acuerdo con el documento, Argentina cayó a la categoría 5– el nivel más bajo del ranking- luego de haber estado en la categoría 3. La baja en la calificación obedece a distintas aristas, acaso cristalizada en las consecuencias de la Reforma Laboral mileísta.
Entre los principales factores se destacan las restricciones a la protesta social, las interferencias en la vida interna de los sindicatos y la existencia de despidos antisindicales. En otras palabras, por el ajuste y la represión policial a los reclamos.
Según advierte el informe de la CSI, hubo un retroceso generalizado en las garantías laborales, particularmente en lo que refiere al paraguas protector legal por la representación gremial y la negociación colectiva de los salarios.
La mencionada degradación en materia de derechos laborales es una tendencia que se replica en otros países, principalmente en aquellos donde gobiernan regímenes autoritarios o proclives a desarrollar políticas en favor de las clases más pudientes.
RESPUESTA SINDICAL
La CGT (Confederación General del Trabajo) y las dos corrientes de las CTA (Central de los Trabajadores Argentinos) anticiparon que presentarán una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) durante la próxima Conferencia de la instancia que reúne a representantes sindicales de distintos países.
De hecho, recientemente la CGT emitió un comunicado para rechazar la reglamentación de la Reforma Laboral que publicó el Poder Ejecutivo Nacional “que avanza sobre derechos, instituciones y garantías fundamentales de las y los trabajadores”.
“No es facultad de ningún gobierno limitar la autonomía sindical ni sustituir el debate democrático. Defender la organización de los trabajadores es defender la democracia”, indicó la central obrera.
La CGT protesta particularmente por las modificaciones “que le corresponden al Congreso de la Nación” relacionadas a la Ley de Asociaciones Sindicales 23.551, pues Milei introdujo “disposiciones que alteran el espíritu y el alcance de la ley”.
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