Soberanía ambiental en debate: la Ley de Tierras bajo la lupa

En su columna en Sapo de Otro Pozo, Belén Herrera analizó las implicancias ambientales y sociales de las modificaciones que impulsa el gobierno nacional sobre la Ley de Tierras.

En una nueva entrega de su columna de política ambiental en el programa Sapo de Otro Pozo, la comunicadora Belén Herrera abordó el debate en torno a la posible modificación de la Ley de Tierras (Ley 26.737), una normativa clave para la regulación de la propiedad rural en Argentina.

La iniciativa del gobierno nacional apunta a flexibilizar las restricciones actuales sobre la compra de tierras por parte de extranjeros. Entre los cambios propuestos, se eliminarían los límites para personas físicas y empresas privadas extranjeras, manteniendo regulaciones únicamente para Estados u organismos gubernamentales.

Herrera advirtió que estas modificaciones podrían tener un impacto directo en la soberanía ambiental, entendida como la capacidad del Estado de gestionar sus recursos naturales en función del bienestar de la población y el desarrollo sostenible.

Actualmente, la ley establece que la titularidad extranjera no puede superar el 15% del total de tierras rurales, con restricciones adicionales en zonas estratégicas como fronteras, ríos y glaciares. Sin embargo, según datos mencionados en la columna, más de 13 millones de hectáreas —cerca del 5% del territorio nacional— ya se encuentran en manos extranjeras.

Uno de los puntos críticos señalados es la posible profundización de problemáticas ambientales vinculadas al avance de la frontera agroindustrial. En ese sentido, se mencionaron datos recientes que indican un aumento significativo en la deforestación en el norte argentino, con más de 200 mil hectáreas afectadas en el último año entre desmontes e incendios.

Además, se destacó el impacto sobre pequeños productores: gran parte de la agricultura familiar trabaja en tierras arrendadas, lo que podría agravarse con una mayor concentración y extranjerización del suelo.

La columna también puso el foco en los servicios ecosistémicos que brindan los bosques —como la regulación hídrica y la conservación de la biodiversidad— y cómo su pérdida afecta directamente a las comunidades, generando consecuencias como inundaciones, contaminación y problemas de salud.

Finalmente, Herrera subrayó que el debate no debe reducirse a una dicotomía entre desarrollo económico y protección ambiental, sino que requiere una mirada integral que contemple el uso sostenible de los recursos y el acceso equitativo a la tierra.

Esta columna forma parte de una serie que continuará abordando otras normativas clave, como la Ley de Manejo del Fuego y la Ley de Bosques.