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- Los militares usurparon el poder constitucional el 24 de marzo de 1976. Meses después, acribillaron a balazos a once presos políticos que fueron sacados del penal de V° Las Rosas.
- Por el hecho fueron condenados los altos mandos de la Policía de la Provincia y del Ejército, tanto de la guarnición de Salta como de Córdoba.
El 6 de julio de 1976 la dictadura cívico-militar concretó el fusilamiento de 11 presos políticos al costado de la Ruta Nacional 34, en el departamento General Güemes, a unos 60 kilómetros de la Capital de Salta. Ésa jornada se conoce como la Masacre de Palomitas.
La noche anterior al fusilamiento masivo hubo un apagón del suministro eléctrico en el Penal de Villa Las Rosas, desde donde sustrajeron a seis hombres y cinco mujeres para luego balearlos a quemarropa.
Los ejecutores del fatídico hecho que forma parte del terrorismo de Estado en Salta habían dicho que las once personas asesinadas por razones políticas, sindicales y sociales fueron víctimas de un “enfrentamiento”. Era la estrategia que usaban por entonces los militares en todo el país.
Sin embargo, con la recuperación de la democracia y el avance de las investigaciones se pudo comprobar que fue una ejecución premeditada con el argumento de que los trasladarían a una comisaría de la provincia de Córdoba.
Las víctimas fueron: Benjamín Ávila, Roberto Luis Oglietti, José Víctor Póvolo, Rodolfo Pedro Usinger, Alberto Simón Savransky, Pablo Eliseo Outes (quienes estaban alojados en el pabellón de varones), Georgina Graciela Droz, María Amaru Luque de Usinger, Evangelina Mercedes Botta, María del Carmen Alonso Fernández y Celia Leonard de Ávila.
Por estos crímenes de lesa humanidad fueron condenados a perpetua: Luciano Benjamín Menéndez (al comando del Tercer Cuerpo de Ejército con asiento en Córdoba), Carlos Alberto Mulhall (ex jefe de la Guarnición Ejército Salta e interventor militar de la provincia), el ex jefe de la Policía provincial, Miguel Gentil; y los ex policías Hugo César Espeche y Joaquín Guil.
SOBRE EL TEMA:
A 50 años del secuestro y la desaparición del exgobernador salteño Miguel Ragone
Además, el agente retirado del servicio penitenciario provincial, Juan Carlos Alzugara, recibió la pena de veinte años de prisión. También se habla del involucramiento del Poder Judicial en la época, con el ex juez federal Ricardo Lona en el centro de la cuestión, ya condenado en otras causas de la última dictadura cívico-militar, más no así por la Masacre de Palomitas.
ANTECEDENTES
La Masacre de Palomitas fue tan sólo un capítulo del terrorismo de Estado en Salta. El 11 de marzo del mismo año, antes de concretarse el Golpe de Estado, se produjo el secuestro y la desaparición de Miguel Ragone, quien fuera Gobernador de Salta al momento de ser capturado por un grupo de tareas.
La desaparición forzada de Ragone ocurrió en cercanías al Hospital San Bernardo, en el macrocentro de la ciudad de Salta, cuando el bautizado “Doctor del Pueblo” se dirigía a trabajar en su Peugeot 504 y fue interceptado por la patota para-oficial.
Además, los secuestradores del exmandatario salteño dispararon a quemarropa contra dos testigos: Santiago Arredes, el dueño de un almacén, y Margarita Martínez de Leal, la empleada del comercio. Arredes falleció y Martínez de Leal sobrevivió al ataque a balazos.
Tras concretar el secuestro, el grupo de tareas escapó y el auto de Ragone fue encontrado en el municipio de San José de los Cerrillos. Sin embargo, nunca se pudo dar con el paradero del cuerpo, puesto que se mantuvo vigente el ‘pacto de silencio’ de los represores.
En el 2011 la Justicia federal condenó a prisión perpetua al ex teniente y ex jefe de la Policía salteña Miguel Gentili, al ex comisario y jefe de seguridad de la fuerza Joaquín Guil y también al ex jefe del Área 332 del Ejército, Carlos Alberto Mulhall, quienes fueron hallados culpables por la desaparición de Ragone, el homicidio de Arredes y la tentativa de asesinato de Martínez de Leal.
La sentencia fue apelada, pero la Cámara de Casación confirmó las condenas contra Gentili y Guil en 2014, más no así la de Mulhall porque falleció antes de ser revisada su situación. Además, con el voto mayoritario de los jueces Alejandro Slokar y Mariano Borinsky (y la disidencia de la camarista Ángela Ledesma) se anuló las absoluciones en favor del ex vocero de la ‘Triple A’ Héctor Zanetto y del policía Andrés Soraire.
Por su parte, recién en el año 2019 se condenó al exjuez federal Ricardo Lona a 15 años de prisión por ser participe secundario por el secuestro y desaparición de Ragone, el asesinato de Arredes y la tentativa de homicidio de Martínez de Leal.
El Tribunal Oran Federal N°2 de Salta condenó al exjuez Lona porque “llevó adelante una serie de acciones y omisiones que tuvieron como objeto asegurar la impunidad de los autores y partícipes” del secuestro y la desaparición de Ragone.
La sentencia del TOF N°2, integrado por Gabriela Catalano, Juan Carlos Reynaga y Gabriel Eduardo Casas, fue anulada por la Cámara de Casación que, no obstante, ratificó el delito de encubrimiento.
Asimismo, el Tribunal condenó a dos años de prisión de ejecución condicional a los ex policías salteños Pedro Javier Herrera y Raúl Nelson Herrera por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento, pero absolvió a Andrés del Valle Soraire y Jorge Héctor Zanetto.
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