Entrevista a Pablo Buccianti en SDOP

️ En Sapo de Otro Pozo el coordinador general de la Fiscalía de Estado de Salta, Pablo Buccianti, brindó detalles sobre la causa judicial que investiga un pozo petrolero abandonado en la zona de Pichanal, el cual podría estar contaminando animales de un puesto rural.

Buccianti aclaró que no hay evidencia de contaminación en personas, informó que existen dos causas abiertas —una penal en el juzgado de Orán y otra contencioso-administrativa— y detalló que la empresa original está en quiebra, pero que todas las empresas que explotaron el pozo podrían tener responsabilidad solidaria. Estimó que solo para el cierre del pozo serían necesarios más de 3 millones de dólares, sin contar la eventual remediación ambiental.

La Fiscalía de Estado de Salta investiga un pozo petrolero abandonado en la zona de Pichanal que podría estar contaminando animales de un establecimiento rural. El coordinador general Pablo Buccianti confirmó la existencia de causas penal y contencioso-administrativa, y que la empresa original está en quiebra, si bien otras concesionarias podrían asumir la responsabilidad.

La provincia de Salta enfrenta una nueva emergencia ambiental: un pozo petrolero abandonado en la zona de Pichanal, que durante años funcionó bajo concesión de múltiples empresas, está siendo investigado por la Fiscalía de Estado de Salta tras denuncias por presunta contaminación de animales en un puesto rural. En diálogo con el programa Sapo de Otro Pozo, el coordinador general de la Fiscalía, Pablo Buccianti, informó que “no hay población cercana afectada” sino únicamente animales de un puesto que ya fue reubicado, con lo cual descartó por ahora un riesgo inmediato para humanos.

Buccianti explicó que existen dos expedientes abiertos: uno en el fuero penal (Juzgado de Orán) y otro en el contencioso-administrativo (Juzgado Contencioso Administrativo Nº 2). En este último, la provincia demandó no sólo a la empresa original, President Petroleum —actualmente en quiebra— sino también a todas las empresas que explotaron el pozo. “La ley ambiental prevé que todas las empresas que participaron en la explotación son solidariamente responsables”, detalló Buccianti.

La jueza Graciela Moreno debe resolver si impone las medidas cautelares solicitadas a IPF Sociedad del Estado y las otras involucradas para proceder al cierre del pozo. Según la Fiscalía, el costo estimado solo para cerrar la perforación asciende a más de 3 millones de dólares, sin considerar aún la remediación del daño ambiental, que podría elevar sustancialmente la cifra.

La inspección ocular realizada recientemente por técnicos del CIF y del Ministerio de Producción permitió delimitar la zona de riesgo y confirmar la necesidad de medidas urgentes. Aunque no se hallaron datos concretos de contaminación humana, Buccianti precisó que los animales del puesto fueron reubicados y siguen en estudio.

La comunidad local alerta por el impacto ambiental y ganadero, mientras la provincia exige respuestas a las empresas concesionarias y redefine su rol como regulador. El caso pone en agenda la necesidad de mayor transparencia en los proyectos de explotación petrolera, así como de mecanismos eficientes de remediación ambiental en zonas rurales de Salta.

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SAPO DE OTRO POZO

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