Diputada nacional presentó un proyecto para derogar el FAL: “Son las nuevas AFJP”

• Se trata de Vanesa Siley, legisladora del peronismo y secretaria general del gremio de los trabajadores judiciales.
• El Fondo de Asistencia Laboral, parte de la reforma mileísta, se nutre  de fondos que hoy solventan el PAMI, asignaciones familiares, fondo de empleo y el SIPA.

La diputada nacional Vanesa Siley presentó un proyecto de ley para derogar el Título II de la Ley de Reforma Laboral aprobada meses atrás con los votos de representantes de La Libertad Avanza, la UCR, el PRO y los llamados “aliados” de las provincias.

Se trata del articulado que crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), al cual la legisladora calificó como “las nuevas AFJP”, en referencia al sistema jubilatorio que estuvo en manos del sector privado en los años noventa.

En sus redes sociales, Siley afirmó que el FAL ha sido reglamentado en la semana del jubilado y señaló que se trata del “caballo de Troya que metieron en la reforma laboral para tocar dos cosas al mismo tiempo: la protección contra el despido arbitrario y la plata que sostiene tu jubilación”.

“¿Cómo funciona? Los empleadores tienen que aportar al FAL el 1% de las remuneraciones computables en el caso de las grandes empresas y el 2,5% en las MiPyMEs. Pero ese aporte no representa un costo nuevo: se compensa con una reducción equivalente de las contribuciones patronales que hoy financian la seguridad social”, agregó.

En tal sentido, la legisladora peronista explicó que se trata de dinero que financia el SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino), la obra social de los jubilados PAMI, el Fondo Nacional de Empleo y las asignaciones familiares que dejarían de ingresar a esos subsistemas en una proporción equivalente al aporte al FAL.

“Los aportes y las contribuciones no son impuestos. Son salario diferido de los trabajadores y sostienen un sistema previsional solidario, donde el salario de los trabajadores de hoy financia las jubilaciones de hoy”, apuntó Siley, quien además es secretaria general del Sindicato de Trabajadores Judiciales.

Como se informó, la reglamentación de la reforma laboral habilitó al ministro de Economía Luis “Toto” Caputo a utilizar el dinero del FAL para financiar al propio Estado Nacional, lo que despertó críticas de todo tipo. Cuestionamientos hasta de legisladoras que votaron a favor del proyecto en general, como la senadora salteña Flavia Royón.

“Nada impide que termine siendo un mecanismo de financiamiento casi exclusivo al Tesoro”, apuntó Royón al criticar los techos a las inversiones del FAL para depósitos bancarios o bonos provinciales.

En tal sentido, la legisladora del monobloque “Primero los Salteños” dijo que “el FAL no es un sistema de seguridad social” sino más bien “un fondo privado financiado con plata del Estado”.

Sobre esa línea argumentativa, Siley advirtió que “la deuda del Tesoro Nacional es el único activo para el que la reglamentación no establece un límite porcentual de inversión”, lo cual allana el camino para que en un futuro cercano el Gobierno plantee la “insustentabilidad del sistema jubilatorio” para aumentar la edad jubilatoria.

El proyecto presentado por Silei lleva la firma de sus compañeros de bancada en Fuerza Patria: Sergio Palazzo, Mario Manrique, Hugo Moyano, Hugo Yasky y José Gómez.

CONTRAPUNTOS

El pronunciamiento de Royón no antepone los derechos laborales que se diluyen con la reforma libertaria que acompañó, sino que más bien apunta a la falta de límites para que el Estado Nacional utilice los fondos del FAL, como sí lo hicieron con Provincias.

Alejandro Rodríguez, Director del Instituto Consenso Federal, sostuvo que la reglamentación “pone topes concretos a casi todas las alternativas de inversión, pero no fija un porcentaje máximo para los títulos de deuda del Estado Nacional”.

“Además, para comprar deuda de una provincia, el título debe tener AAA nacional de al menos dos calificadoras. Para comprar una obligación negociable privada, también. En cambio, para comprar deuda del Estado Nacional no se exige esa calificación”, remarcó el especialista, citado por InfoGremiales.

Y siguió: “De esta manera, el esquema regulatorio diseñado por el gobierno libertario termina otorgando un tratamiento particularmente favorable a los títulos nacionales: son activos elegibles, no tienen el límite porcentual específico que sí tienen provincias, bancos y empresas, y tampoco están sujetos al requisito de calificación de doble AAA”.

Así las cosas, el FAL podrá ser utilizado por el Gobierno de Milei para financiar sus políticas durante 2027, año electoral. Rodríguez calcula que el “nuevo stock de ahorro forzoso vinculado al empleo privado” sería de unos 4.000 millones de dólares. Una cifra superior a la estimada por la salteña Royón, que ahora busca cambios en la reforma laboral que ella acompañó.