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- Nicol Esquivel, integrante de la comunidad Lule de Finca Las Costas habló en Sapo de Otro Pozo sobre las intimaciones para demoler viviendas y cuestionó el avance de distintos proyectos sobre el territorio.
- Según explicó, inicialmente fueron notificadas 25 familias y podrían ser más de 50 las alcanzadas.
El conflicto territorial en Finca Las Costas, San Lorenzo, volvió a ocupar el centro de la escena luego de que familias de la comunidad Lule recibieran intimaciones vinculadas con la demolición de viviendas. En Sapo de Otro Pozo, Nicol Esquivel relató la situación que atraviesan los habitantes de la zona y cuestionó el modo en que se está llevando adelante el proceso.
Según explicó Esquivel durante la entrevista, inicialmente fueron notificadas 25 familias, aunque estimó que el número podría superar las 50 una vez completadas las notificaciones. El plazo mencionado para la ejecución de las medidas es el 28 de octubre.
La situación también fue informada por otros medios en los últimos días. Página/12 consignó que más de 20 familias recibieron intimaciones de la Secretaría de Ambiente para paralizar y demoler construcciones o ampliaciones en un sector de la Reserva Natural de Uso Múltiple Finca Las Costas, en el marco de una medida judicial vinculada con un amparo ambiental iniciado en 2020.
La comunidad cuestiona la identificación de las viviendas
Uno de los principales cuestionamientos planteados por Esquivel durante la entrevista está relacionado con la antigüedad de las viviendas.
La integrante de la comunidad sostuvo que la medida judicial establecía restricciones para nuevas construcciones desde 2020, pero afirmó que varias de las casas señaladas son anteriores a ese año.
“No hay ningún estudio que diga: esta casa sí fue construida después de 2020”, planteó durante la entrevista.
Esquivel explicó además que muchas familias construyeron sus viviendas de manera progresiva, incorporando habitaciones o ampliaciones de acuerdo con sus posibilidades económicas. Según relató, buena parte de los ingresos familiares proviene de actividades como la agricultura y el pastoreo.
La controversia sobre la antigüedad y correcta identificación de las construcciones también aparece en otras coberturas del conflicto. Un informe citado por medios locales refiere a inspecciones realizadas en distintos sectores de la reserva, mientras que referentes de la comunidad cuestionaron la identificación de algunas viviendas y familias.
Niños y familias en el centro del reclamo
Esquivel puso especial énfasis en las consecuencias que tendría la pérdida de las viviendas.
Durante la entrevista señaló que las familias tienen numerosos niños y que, en algunos casos, hay varios menores por grupo familiar. La preocupación, explicó, pasa por dónde vivirían y cómo afrontarían las condiciones climáticas si las viviendas fueran demolidas.
“¿Qué vamos a hacer con nuestros niños? ¿A dónde van a dormir?”, planteó la entrevistada.
La comunidad sostiene que no existe una alternativa habitacional frente a la posibilidad de perder sus viviendas y que muchas de ellas representan años de trabajo familiar.
El conflicto por las tierras y el Tigres Rugby Club
Otro de los ejes de la entrevista fue la disputa territorial que atraviesa Finca Las Costas.
Esquivel vinculó el conflicto con la aprobación de una cesión de aproximadamente nueve hectáreas al Tigres Rugby Club y sostuvo que, a partir de entonces, se profundizaron las tensiones en el territorio.
Esta relación también aparece en coberturas recientes. Canal Abierto informó que una ley provincial autorizó al Ejecutivo a entregar en comodato aproximadamente nueve hectáreas al club y que la comunidad presentó una acción de inconstitucionalidad.
La integrante de la comunidad planteó, además, que mientras las familias enfrentan restricciones para construir o ingresar materiales, existen obras vinculadas con otros emprendimientos que continúan avanzando.
Ese planteo constituye, para la comunidad, uno de los puntos centrales de la discusión: qué actividades son permitidas dentro de Finca Las Costas y bajo qué criterios se aplican las restricciones.
La ruta entre San Lorenzo y San Lorenzo Chico
Durante la entrevista, Esquivel también hizo referencia a un proyecto vial que, según su relato, conectaría San Lorenzo con San Lorenzo Chico bordeando el río San Lorenzo.
La integrante de la comunidad sostuvo que el trazado afectaría sectores productivos de algunas familias y cuestionó que se prioricen obras de infraestructura mientras existen habitantes de Finca Las Costas que, según afirmó, todavía tienen dificultades para acceder a servicios básicos.
La relación entre este proyecto y las órdenes de demolición fue planteada por Esquivel como parte de una interpretación más amplia sobre los intereses que, según la comunidad, existen sobre el territorio.
En este punto resulta importante distinguir entre los proyectos mencionados y las interpretaciones realizadas por la entrevistada sobre sus posibles beneficiarios, que forman parte de su denuncia y no constituyen por sí mismas una conclusión judicial.
Personería jurídica y reconocimiento territorial
Otro de los argumentos expuestos por Esquivel fue el reconocimiento jurídico de la comunidad.
Durante la entrevista aseguró que cuentan con personería jurídica, un mapa de su territorio comunitario y documentación elaborada con participación de especialistas de la Universidad Nacional de Salta.
“Tenemos el aval de la universidad”, sostuvo, al referirse a estudios realizados por antropólogos, geólogos y otros especialistas que, según explicó, respaldarían la presencia histórica de la comunidad en el territorio.
La situación de la propiedad comunitaria indígena constituye uno de los aspectos de fondo del conflicto. Canal Abierto informó que el territorio comunitario de la comunidad Lule de Finca Las Costas fue reconocido por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y señaló que existe una discusión pendiente respecto de la incorporación efectiva de esa propiedad comunitaria a los registros provinciales.
Una disputa que combina ambiente, territorio y derecho a la vivienda
El caso de Finca Las Costas concentra varias dimensiones de un mismo conflicto: la protección ambiental de una reserva, el derecho a la vivienda, el reconocimiento de los territorios indígenas, el desarrollo de infraestructura y la utilización del suelo.
La medida judicial que dio origen a las actuales intimaciones se encuentra vinculada con un amparo ambiental iniciado en 2020. La comunidad cuestiona que las consecuencias de esa protección recaigan principalmente sobre las familias que viven en el territorio y reclama que se revise la situación particular de cada vivienda.
En la entrevista con Sapo de Otro Pozo, Esquivel planteó que las familias continuarán reclamando y pidió acompañamiento de organizaciones y medios de comunicación para visibilizar el conflicto.
El plazo señalado para la ejecución de las medidas es el 28 de octubre, por lo que el conflicto permanece abierto y sujeto a las presentaciones y decisiones que adopten las partes y la Justicia.
La entrevista completa a Nicol Esquivel, realizada por Emiliano Frascaroli, puede verse en el video publicado por Sapo de Otro Pozo, el programa de Buufo Salta en Radio Universidad Nacional de Salta.
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