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- La medida fija un tope de seis meses para renovar contratos de trabajadores del Estado mayores de 65 años que no alcancen los 30 años de aportes.
- Los organismos deberán presentar intimación a jubilarse para extender la continuidad laboral. ATE advierte impacto social y previsional.
El Gobierno nacional dispuso que los contratos de trabajadores estatales mayores de 65 años que no reúnan los 30 años de aportes previsionales solo podrán renovarse por un máximo de seis meses. Para sostener la continuidad laboral más allá de ese plazo, los organismos deberán presentar la correspondiente intimación a jubilarse.
La decisión impacta en un segmento de empleados públicos que, por distintos motivos, no logró completar los años de aportes exigidos por el sistema previsional. El escenario se vuelve más complejo tras la eliminación de la moratoria previsional el año pasado, herramienta que permitía regularizar aportes faltantes.
En este contexto, quienes no cumplan los requisitos para jubilarse solo podrán acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), cuyo haber ronda los 280 mil pesos, monto inferior a una jubilación mínima contributiva.
Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el secretario general Rodolfo Aguiar cuestionó la medida y aseguró que “condena a los trabajadores a quedarse sin trabajo, sin obra social y sin la posibilidad de jubilarse”.
El dirigente sostuvo que la disposición abre la puerta a “una nueva ola de despidos” y afirmó que “no existen precedentes” de una decisión de este tipo. También planteó que la medida podría vulnerar el derecho a la previsión social.
La discusión se inscribe en el debate más amplio sobre el equilibrio fiscal, el sistema previsional y el empleo público, en un contexto de reformas impulsadas por el Ejecutivo nacional.
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