Diputados: el saencismo quiere vaciar dos organismos que previenen la violencia institucional

• El oficialismo propuso quitarles el sueldo a quienes integran el Observatorio de Violencia contra las Mujeres y el Comité contra la Tortura y  Tratos o Penas Crueles.
• Referentes de distintos sectores que entienden en la prevención de la violencia institucional interpretan que es un desguace que pone en peligro las garantías constitucionales.

Los diputados provinciales que responden a Gustavo Sáenz presentaron un proyecto de ley para modificar las leyes que regulan el funcionamiento del “Observatorio de Violencia contra las Mujeres” (Ley 7863) y el “Comité Provincial de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes” (Ley 8024).

En concreto, los legisladores de los bloques oficialistas “Todos Por Salta” y “Por Salta” proponen que las personas que se desempeñan en ambos organismos lo hagan “ad honorem”, es decir, sin obtener remuneración alguna por sus tareas.

Según argumentaron los autores, quienes reconocen la “invalorable labor” de los organismos en la prevención y erradicación de la violencia institucional y la promoción de los derechos humanos, “en el contexto actual donde los recursos estatales son limitados, resulta necesario adoptar medidas para optimizar la administración de los recursos públicos y con ello, coadyuvar a mantener un equilibrio entre ellos”.

Vale señalar que el OVCM está integrado por seis personas que representan a distintos poderes e instituciones públicas: el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Senado, la Cámara de Diputados, la Universidad Nacional de Salta y las organizaciones de mujeres legalmente constituidas que trabajen con la problemática de la violencia de género.

Por su parte, el Comité Provincial de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles está conformado por cinco miembros con funciones remuneradas que, a su vez, están sujetos a incompatibilidades para desempeñarse en el ámbito privado (salvo la docencia, investigación académica y actividades  de capacitación).

La conformación del Comité se consuma con la designación de dos representantes de los organismos de derechos humanos, uno del Senado, uno de la Cámara de Diputados y uno del Poder Ejecutivo. Además de promover que cumplan sus funciones sin remuneración, la modificación legislativa deroga las incompatibilidades.

El texto– que podría tratarse este martes en la sesión- lleva la firma del presidente del cuerpo Esteban “Tuty” Amat Lacroix (La Viña), del vicepresidente 1° y exsecretario Gastón Galíndez (Capital), del titular del bloque ultra-saencista “Todos por Salta”, Germán Rallé (Gral. Güemes), y de integrantes de “Por Salta” como el incombustible Guillermo Kripper (Capital), entre otros.

RÉPLICAS

La Mesa de Derechos Humanos de Salta difundió un comunicado para referirse a la propuesta legislativa del oficialismo provincial y para advertir el espíritu regresivo de la medida.

Luego de señalar la “gravedad institucional sin precedentes que atraviesa la provincia”, los organismos denunciaron “una estrategia deliberada de desmantelamiento de las garantías constitucionales que hoy coloca a Salta en una situación de Emergencia Humanitaria y Jurídica”.

El comunicado advierte la “desaparición institucional” del Comité que se encarga de controlar la violencia en comisarías y penales, con lo cual se allana el camino para la “impunidad de aquellos que, bajo el amparo del uniforme, vulneran la integridad física de los ciudadanos”.

“El Estado salteño ha decidido apagar la luz de la fiscalización. Sin recursos para traslados, inspecciones de oficio ni equipos técnicos, el Comité queda reducido a una cáscara formal”, señalan.

Además, hablan de una “intersección de la impunidad” lograda por la desfinanciación del CPPT y el abandono del Ministerio Público de la Defensa en el interior, algo que “no es casual”: “Es la creación de una zona de sacrificio jurídico” puesto que una persona detenida “queda a mercede de un sistema que ha involucionado hacia prácticas que creíamos desterradas desde 1983”.

Finalmente, dedica un apartado a la situación del departamento Anta, pues los integrantes del Comité recorrieron las localidades de Joaquín V. González, Las Lajitas y Apolinario Saravia y concluyeron que el panorama es desolador: “El estado solo aparece para castigar, pero nunca para defender. Denunciamos la ausencia sistemática del Ministerio Público de la Defensa” que deja a cientos de ciudadanos “en manos de una administración de justicia punitiva ciega y sorda”.

Por ello, los organismos de derechos humanos solicitaron a los diputados provinciales que retrocedan con las propuestas y al Poder Ejecutivo que llame a concurso para la designación de los integrantes del Comité.  

ANTECEDENTES

Tiempo atrás, en una reunión conjunta del Comité para la Prevención de la Tortura y el Consejo Consultivo, se abordó ante la Corte de Justicia la creciente superpoblación carcelaria en comisarías provinciales. 

De acuerdo con datos relevados en el monitoreo integral, en el primer cuatrimestre del año 2024 se registraron por lo menos 850 personas que estaban detenidas en condiciones de hacinamiento extremo. 

Rodrigo Solá, presidente del Comité, y otros miembros del Consejo Consultivo destacaron la necesidad de implementar políticas públicas para mejorar las condiciones de detención, especialmente en comisarías de Orán, San Martín, Metán y Rosario de la Frontera. 

Además, en el encuentro se debatió la creación de un registro de muertes bajo custodia y la formación de abogados en ejecución de sentencias.