Guzmán Coraita: “Los integrantes de La Libertad Avanza no somos cipayos”

• El legislador salteño dijo que el calificativo lanzado desde la oposición por la intentona de modificar la Ley de Tierras no le cabe a ninguno de los integrantes del bloque oficialista.
• Por el contrario, la senadora peronista Juliana Di Tullio denunció que el libertario “Bertie” Venegas Lynch asesora a una empresa que le vende tierras a los extranjeros.

Si bien el capítulo de la reforma a la Ley de Tierras fue excluido del proyecto de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, la intentona de La Libertad Avanza de habilitar la venta de suelo argentino a los extranjeros formó parte del debate en el Senado durante la sesión de este jueves con las modificaciones a la Ley del Manejo del Fuego y a la normativa sobre agilizar los desalojos.

Los representantes del peronismo lanzaron duras críticas al gobierno de Javier Milei por buscar la extranjerización de las tierras y tildaron de “cipayos” a los integrantes y defensores de LLA. Se trata de un término acuñado hace varios años que hace referencia a la simpatía de argentinos para beneficiar a los extranjeros, cuyos intereses se anteponen a los de la Nación.

El salteño Gonzalo Guzmán Coraita (La Libertad Avanza) rechazó tal calificación y dijo que los integrantes del bloque oficialista no son cipayos. “Ninguno de nosotros somos cipayos; trabajamos por nuestro país porque queremos verlo grande”, afirmó el senador libertario.

Guzmán Coraita también sostuvo que es momento de dejar de lado los ‘adjetivos peyorativos’ porque son “malas prácticas que lo único que hacen es impedir el diálogo”: “Las palabras descalificantes humillan e impiden el diálogo; los argentinos piden de sus dirigentes el diálogo”.

De todas maneras, se descuenta el acompañamiento de Guzmán Coraita y de su coterránea María Emilia Orozco a los proyectos que quedaron en pie, y que son igualmente regresivos para el medio ambiente, para los inquilinos y para los pueblos originarios.

Vale recordar que Milei envió un proyecto de ley para modificar la Ley de Tierras (Ley 26.737), una normativa que desde el año 2011 limita la tenencia de campos rurales por parte de extranjeros (hasta un 15% a nivel nacional, provincial y municipal) e impone topes y condiciones para la adquisición de tierras.

Por caso, el proyecto libertario busca eliminar el inciso que impide que una misma nacionalidad pueda exceder el 30% de ese porcentaje total y también el punto que establece que un extranjero no puede ser titular de más de 1.000 hectáreas en zonas agrícolas núcleo. Asimismo, deroga las limitaciones adicionales en tierras ribereñas a cuerpos de agua o en zonas de frontera.

JUEZ Y PARTE

Antes de la sesión la senadora peronista Juliana Di Tullio hizo una presentación ante la Cámara Alta para que el libertario Joaquín Benegas Lynch no pueda votar la ley en cuestión debido a que en su rol de empresario se dedica a vender tierras a extranjeros.

“No quiero ni que vote ni que opine, porque son sus intereses los que está defendiendo, violando la Constitución Nacional. Al senador Benegas Lynch lo votaron para que defienda los intereses de Entre Ríos y él está vendiendo su provincia”, apuntó la legisladora en diálogo con el streaming “Mil Cosas a la Vez”.

Y siguió: “El trabajo de Benegas Lynch es entregarle lo mejor de lo nuestro a los intereses extranjeros, para que compren la mejor tierra. Los asesora para rematar lo nuestro. Como les gusta decir a ellos, ‘con la nuestra, el tipo hace guita’”.

Como defensa, Benegas Lynch sostuvo: “Si yo no puedo votar esta ley porque tengo una empresa que vende tierras, que los senadores que son médicos no puedan votar en las leyes de salud”.

MANEJO DEL FUEGO

Otro de los puntos más importantes del proyecto libertario es la propuesta de eliminar la prohibición vinculada al cambio de uso de tierras tras incendios rurales o forestales.

Actualmente, bajo la Ley de Manejo del Fuego (Ley 26.815) existen restricciones que limitan cambiar la actividad productiva de una superficie que haya sufrido un incendio, con el objetivo de proteger el suelo, el ambiente y reducir maniobras especulativas tras estos eventos.

El proyecto oficial plantea derogar o modificar esa prohibición, que en algunos casos imponía plazos de 30 a 60 años sin permitir cambios de uso o destino, una norma que sectores oficialistas han cuestionado como un obstáculo para la producción agropecuaria.

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