- El Poder Ejecutivo nacional anunció que enviará al Congreso un proyecto para modificar el régimen de tierras rurales, lo que incluye liberar la compra de campos por parte de privados extranjeros y eliminar una prohibición vigente sobre cambios en la actividad productiva tras incendios forestales o rurales.
- Estas medidas forman parte de un paquete de reformas propuestas en el marco del Consejo de Mayo, que el Gobierno considera claves para “impulsar la actividad económica”.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que se trabaja en la redacción de iniciativas que serán remitidas al Congreso durante el período legislativo 2026. Entre ellas, figura la modificación de la Ley de Tierras (Ley 26.737), una normativa que desde 2011 limita la tenencia de campos rurales por parte de extranjeros e impone topes y condiciones para la adquisición de tierras.
Qué cambia y qué significan las reformas
La actual Ley 26.737 establece restricciones a la compra de tierras rurales por parte de personas físicas o jurídicas extranjeras. Entre sus principales puntos están:
Los extranjeros solo pueden poseer hasta el 15% de las tierras rurales del país, a nivel nacional, provincial o municipal.
Una misma nacionalidad no puede exceder el 30% de ese porcentaje total.
Un extranjero no puede ser titular de más de 1.000 hectáreas en zonas agrícolas núcleo y existen limitaciones adicionales en tierras ribereñas a cuerpos de agua o en zonas de frontera.
El proyecto propone eliminar estas restricciones, lo que implicaría que los privados extranjeros puedan adquirir tierras rurales sin los límites actualmente vigentes, aunque es posible que permanezca la obligación de autorización previa para Estados extranjeros u organismos estatales.
Incendios y cambio de uso del suelo
Otro de los puntos más discutidos es la propuesta de eliminar la prohibición vinculada al cambio de uso de tierras tras incendios rurales o forestales. Actualmente, bajo la Ley de Manejo del Fuego (Ley 26.815) existen restricciones que limitan cambiar la actividad productiva de una superficie que haya sufrido un incendio, con el objetivo de proteger el suelo, el ambiente y reducir maniobras especulativas tras estos eventos.
El proyecto oficial plantea derogar o modificar esa prohibición, que en algunos casos imponía plazos de 30 a 60 años sin permitir cambios de uso o destino, una norma que sectores oficialistas han cuestionado como un obstáculo para la producción agropecuaria.
Debate, críticas y soberanía territorial
Organizaciones sociales, ambientalistas, productores rurales y excombatientes de Malvinas han expresado preocupación ante este tipo de modificaciones, alertando sobre posibles impactos en la soberanía territorial, el acceso a recursos estratégicos y la concentración de tierra en manos de capitales extranjeros.
Para sus defensores, los cambios buscan “estimular inversiones productivas, atraer capital extranjero y eliminar trabas burocráticas para dinamizar el sector agropecuario”, mientras que sus detractores advierten que podrían facilitar la extranjerización del suelo argentino y debilitar mecanismos de protección ambiental y comunitaria.
El proyecto será debatido en sesiones extraordinarias en el Congreso y su tratamiento promete ser uno de los puntos de mayor tensión en la agenda legislativa de 2026, en medio de un contexto económico complejo y con sectores estratégicos en el foco del debate público.
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