Getting your Trinity Audio player ready...
|
“La empresa decidió dejar de procesar en El Carril en la planta de Alliance One e irse a Rosario de Lerma. Hizo una indemnización y lo que reclaman los empleados es una mala liquidación. Eso está en la Justicia. Desgraciadamente nos golpeó muy duro a El Carril porque 360 familias es un número importantísimo y siempre ha sido el motor de nuestro pueblo”.
Así recordó Esteban D’Andrea Cornejo el despido masivo de los obreros del tabaco de la sucursal de Alliance One que, hasta 2019, funcionaba en pleno en aquel municipio del departamento Chicoana. En diálogo con BUUFO, el senador provincial se refirió a la medida empresarial, adoptada desde los Estados Unidos (Morrisville) y en paralelo a la pandemia por Covid, y bregó por una resolución judicial que resuelva la controversia.
TE PUEDE INTERESAR: Imputaron y detuvieron al intendente Gerala por el robo y contrabando de rieles
“Han sido momentos sumamente complicados. Fue de un momento a otro. Yo en ese momento estuvo reunido- porque ya sonaba un poco antes- con autoridades de la empresa de acá y me dicen ‘no, todavía no hay nada’. Esas son decisiones que toman estas corporaciones desde Estados Unidos, el lugar de origen, y que acá no quedaba otra que acatar. Y hay que ver que esas liquidaciones sean bien hechas”, reconstruyó D’Andrea.
El legislador del bloque “Unidos por Salta” dijo que el municipio El Carril nunca se pudo recuperar de ese impacto en “el motor del pueblo”, en referencia a la actividad tabacalera. En tal sentido, sostuvo que han explorado alternativas productivas presentando proyectos al Ejecutivo y que de hecho fueron hasta la Patagonia para conocer la producción de Neuquén.
Sobre la suerte judicial del expediente, vale decir que la causa se encuentra en la Corte de Justicia dado que Alliance One se niega a cumplir los fallos en su contra. La resolución está en manos de los jueces Ernesto Samsón, Pablo López Viñals y José Gabriel Chibán y de la jueza María Edit Nallim.
El abogado de un grupo de trabajadores despedidos, Javier Alejandro Dorado, explicó:
- • Que con las cesantías impuestas, la empresa pretendía sortear el Decreto del Gobierno Nacional que dispuso la prohibición de despidos y la penalidad de doble indemnización ante despidos sin causas, siendo que, con la fecha notificación, ya les correspondía entrar en ese paraguas legal emitido con el objetivo de amortiguar el impacto en el mercado laboral por la pandemia.
- • Que Alliance One no pagó las liquidaciones en tiempo y forma, según lo que dicta la ley. Los trabajadores pasaron las fiestas de fin de año sin plata en los bolsillos.
- • Que en enero la tabacalera condicionó el pago a la firma de un acuerdo. «Quisieron darle un marco de legalidad pero ya estaban fuera» de ley.
- • Que la causa fue resuelta favorablemente para los trabajadores en todos los juzgados laborales y también en una de las salas de la Cámara de Apelaciones, con la sola excepción de un voto en disidencia de la jueza Mirta Inés Regina de la otra sala (II). Entonces, la causa terminó en la Corte de Justicia.
- • Que el fiscal ante la Corte, Eduardo Sylvester, emitió en septiembre pasado un dictamen favorable para la empresa sugiriendo hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad de la sentencia. Esto generó preocupación entre los trabajadores y en su defensa, quien aclara que de todas maneras la opinión no es vinculante al fallo. Dorado impugnó ese dictamen de Sylvester debido a que “en base a un análisis parcial de los hechos y del derecho, esta conclusión del Sr. Fiscal, resulta contraria a los principios y garantías constitucionales”.
«Consideramos que la Corte va a dictar un fallo justo en virtud de lo que ya han resuelto los juzgados de primera instancia y de una de las salas de la Cámara de Apelaciones», sostuvo el abogado defensor de los trabajadores despedidos en diálogo con este medio.
Vale decir que el caso tiene su costado político, pues se trata de una actividad con intereses en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo. En el primer caso, muestra de ello ha sido la celebración del gobernador Gustavo Sáenz a la sanción del capítulo fiscal para el tabaco con la Ley Bases y la reunión mantenida con el CEO de la firma para convenir el precio del tabaco Virginia; en cuanto a Mitre 550, es imposible no resaltar que el titular de la Cámara de Diputados, Esteban Amat Lacroix (La Viña), es también un empresario del sector con raíces en la Cámara del Tabaco.
Ernesto Ávalos, uno de los trabajadores despedidos y cuyo padre se jubilo en el sector del tabaco, prefiere no creer en los efectos de un posible lobby en su contra.
Mientras trabaja de albañil, oficio en el que se reinvento, dice a BUUFO: “Yo creo en la Justicia. Más que nunca creo en la Justicia. Pero, también al ver como se dilata, uno empieza a pensar mal. Y vos te pones a pensar la situación en la que estamos, los momentos que pasamos, siguen los maltratos de la empresa”.
Leave a comment