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- El Ministerio de Justicia de la Nación solicitó formalmente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que Milagro Sala —histórica dirigente social de la organización Túpac Amaru— deje la prisión domiciliaria que cumple desde 2017 y cumpla el resto de su condena en un establecimiento penitenciario común.
- El planteo fue difundido ayer a través de un comunicado oficial de la cartera conducida por Mariano Cúneo Libarona.
La presentación ante el tribunal internacional fue realizada por la Subsecretaría de Derechos Humanos, que argumentó que la medida de arresto domiciliario “constituyó un beneficio que no se justifica dada la gravedad de las causas” y que, ante la firmeza de la condena, Sala debería estar cumpliendo su pena “tras las rejas”, como ocurre con otras personas condenadas por delitos penales en Argentina.
Sala, exlegisladora provincial por Jujuy, fue condenada a 15 años de prisión e inhabilitación absoluta por delitos que incluyen asociación ilícita, fraude a la administración pública, extorsión y amenazas, en varias causas tramitadas ante la Justicia provincial y ratificadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El Gobierno también rechazó ante la CIDH las alegaciones de la defensa sobre un supuesto “hostigamiento judicial” y aportó documentación sobre el cumplimiento del régimen de detención, al que —según las autoridades— Sala habría incumplido al cambiar de lugar de residencia sin autorización judicial, hecho que activó alertas en el sistema de monitoreo electrónico.
El reclamo llega mientras la dirigente cumple la mayor parte de su condena —más de diez años privada de libertad— y, por haber cubierto dos tercios de la pena, está legalmente habilitada para tramitar la libertad condicional conforme al Código Penal argentino.
La defensa de Sala cuestionó el momento y el propósito del pedido oficial. Su abogada, Elizabeth Gómez Alcorta, afirmó que el Gobierno ya había solicitado el retiro de las medidas provisionales ante la CIDH hace más de un año y que la nueva presentación forma parte de una estrategia de “generar una noticia con Milagro para hacer política”, además de “agravar su sufrimiento”.
Por su parte, la magister en criminología Claudia Cesaroni calificó la iniciativa oficial como una “infamia” y consideró que Sala “ya debería estar gozando de su libertad condicional”, dado que lleva más de diez años presa de una pena de quince años, con al menos dos tercios ya cumplidos.
La decisión de la CIDH sobre el planteo argentino aún está pendiente, y el caso vuelve a ocupar un lugar destacado en el debate público y judicial sobre la ejecución de condenas firmes, los regímenes de detención y el papel de los organismos internacionales en casos de cumplimiento penal.
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