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- La ministra de Educación y el Secretario de Justicia evaluaron las actuaciones judiciales y policiales con el Jefe de Fiscales por los mensajes intimidatorios en el ámbito escolar.
- Hasta el momento se iniciaron 135 intervenciones entre medidas preventivas; 17 demoras y 6 detenciones. La figura delictual es “intimidación pública”.
- Las autoridades prevén lanzar capacitaciones para equipos educativos, fuerzas de seguridad y operadores del sistema.
En los últimos días se multiplicaron las amenazas en escuelas y colegios de Salta. Las pintadas en los edificios anticipando supuestos hechos de violencia y los mensajes intimidatorios en redes sociales encendieron las alarmas en la comunidad educativa poniendo en el centro del debate esta problemática.
En ese marco, el jefe de fiscales de la provincia Pedro García Castiella, la ministra de Educación y Cultura, Cristina Fiore Viñuales, y el secretario de Seguridad, Gaspar Solá Usandivaras, mantuvieron una reunión con el objetivo de evaluar las actuaciones judiciales y policiales vinculadas a estos casos del ámbito escolar.
De acuerdo con fuentes oficiales, las autoridades entienden que tales hechos son parte de “reto viral” replicado en Argentina y otros países. Hasta el cierre de esta nota (26/04) se contabilizan 135 actuaciones entre medidas preventivas, 17 demoras y 6 detenciones en el marco de investigaciones por el delito de intimidación pública.
“Las autoridades evaluaron los alcances jurídicos de las conductas detectadas, así como la activación de protocolos internos en las instituciones afectadas”, indicaron fuentes gubernamentales.
Las autoridades entienden que tales hechos son parte de “reto viral” replicado en Argentina y otros países.
Fiore Viñuales sostuvo que ningún establecimiento educativo interrumpió el dictado de clases y ratificó que la situación continuará de esta forma, amén de la activación de los protocolos de actuaciones para casos de bullying, ciberacoso y violencia entre pares que se activaron.
Asimismo, la titular de la cartera educativa anticipó que están evaluando posibles medidas disciplinarias en el ámbito educativo para quienes resulten responsables de los actos intimidatorios denunciados.
“En este sentido analizaron la creación de una unidad de prevención con intervenciones para las que serían convocados padres o tutores, en el marco de la Ley Nacional 26892 que establece las bases para la promoción de la convivencia y el abordaje de la conflictividad social en las instituciones educativas”, se informó.
Solá Usandivaras, por su parte, resaltó el despliegue de recursos policiales destinados a la prevención, control y procedimiento y puntualizó que los padres y/o tutores de menores tienen responsabilidad legal ante conductas delictivas de quienes están a su cargo.
Finalmente, las autoridades del Poder Ejecutivo, el Procurador General y el coordinador de Fiscales, Pablo Rivero, avanzaron en una agenda de planificación de nuevas instancias para capacitar a equipos educativos, fuerzas de seguridad y operadores del sistema con el objetivo de fortalecer la detección temprana y el abordaje actuado de este tipo de conductas.




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