Para Javier Milei uno de los capítulos más importantes de la Ley Bases fue el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), un esquema que otorga beneficios fiscales, cambiarios y aduaneros a empresas de la minería, la foresto-industria, la energía, el petróleo y el gas, la infraestructura, la siderurgia, la tecnología y el turismo.
Luego de la reglamentación el Gobierno nacional creó el Comité Evaluador de Proyectos del RIGI y la Unidad de Coordinación del RIGI, dos estructuras que definirán la suerte de las empresas que buscan ingresar y mantenerse en el régimen de incentivos y cuya tutela quedó en manos de Daniel González.
En rigor, también integran este organismo la secretaria de Planeamiento Estratégico Normativo de la Presidencia, María Ibarzábal Murphy; el vicejefe de gabinete José Rolandi; y los secretarios Juan Pazo, Martin Maccarone, Pablo Quirno, Carlos Guberman y José García Hamilton, todos ellos dependientes del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo.
Dicho Comité deberá es expedirse «a través de un informe conclusivo que, en base a las valoraciones realizadas en los informes técnicos producidos por las reparticiones con competencia técnica en la materia, recomendará la aprobación o rechazo de las solicitudes de adhesión al Régimen de Incentivo», según la resolución 814/2024.
En ese pronunciamiento la palabra de González será tal vez la más oída al momento de tomar una decisión final en torno al RIGI. Además de haberse formado en el Cardenal Newman– como “Toto” Caputo-, este Licenciado en Administración de Empresas de la Universidad Católica Argentina cuenta con una vasta trayectoria en el sector energético.
González inició su carrera en la empresa Transportadora Gas del Sur y luego fue reclutado a la banca de inversión Merril Lynch por Guillermo Reca. Estuvo allí durante varios años hasta desembarcar en YPF en 2012 con la gestión de Miguel Galuccio, titular de la compañía que había sido re-estatizada.
Luego de haber concretado para YPF una serie de operaciones y adquisiciones, durante el gobierno de Mauricio Macri, en abril de 2018, González fue confirmado como gerente general. Hay versiones periodísticas que indican que Nicky Caputo fue quien lo impulsó y respaldó ante Macri.
EL RIGI Y SUS PROMOTORES
El RIGI fue impulsado principalmente por grandes empresas nacionales y extranjeras con intereses en la explotación de los recursos naturales y, además, por los Gobernadores de esas Provincias con reservas de minerales, como el cobre y el litio, claves para la transición energética.
Al conformarse la Mesa del Cobre, los gobernadores de Salta, San Juan, Catamarca, Mendoza y Jujuy emitieron un documento pidiendo a los empresarios «que se concreten las inversiones reales» en cada distrito y al Congreso que se apruebe la normativa: «No se puede seguir esperando».
El mandatario salteño llegó a calificar al RIGI como algo “histórico, inédito y generoso” y también admitió que las empresas mineras con proyectos en la Puna salteña promovieron su sanción en el Parlamento.
Como se explicó, el RIGI es un esquema que favorece a las empresas que invierten desde 200 millones de dólares. Se les otorga beneficios fiscales, cambiarios y aduaneros por 30 años, tiempo por el cual las Provincias y los Municipios no podrán aplicar regulaciones sobre sus propios recursos naturales.
BENEFICIOS
LITIGIOSIDAD
Argentina renuncia a litigar en tribunales del país dejándole a las empresas la posibilidad de recurrir al CIADI (controlado por el Banco Mundial), donde ya hubo fallos adversos para el país.
