Semanas atrás el Gobierno de la Nación denunció irregularidades en la administración de pensiones por discapacidad. A la par, la Unidad Fiscal de Salta a cargo de Carlos Amad reveló la existencia de un circuito de falsificación de certificados médicos con epicentro en la localidad chaqueña de Taco Pozo pero con vastas conexiones en Salta.
Amad precisó que hallaron al menos 740 pensiones no contributivas otorgadas con certificados de discapacidad truchos. Uno de los imputados en la causa es Rafael Lenin Azañero Anaya, exdirector del Hospital Oscar Costas de Joaquín V. González (Anta), quien emitía las certificaciones a pacientes privados que otro médico de Chaco utilizaba para tramitar las pensiones. Incluso cobraban por el trámite que era gratuito.
En ese marco, el ministro de Salud Federico Mangione denunció sobreprecios en la adquisición de medicamentos para el programa nacional “Incluir Salud” (antes llamado PROFE) que atiende a personas con discapacidad y enfermedades poco comunes. La cobertura del mismo se divide entre el Estado Nacional y el Provincial.
“Advertimos que la provincia cada vez tenía que pagar más, empezamos a investigar. Encontramos irregularidades, facturas apócrifas, duplicadas, mal hechas; algunos lugares que no cumplían con los requisitos; medicamentos que salían 5 millones y lo conseguíamos a 400 mil”, afirmó Mangione en el programa “Cara a Cara” que conduce Mario Peña, padre del ministro de Turismo y Deportes.
A la par, el ministro de Salud quiere que la Legislatura saque una ley para poder embargar las cuentas de las obras sociales que no paguen deudas.
Mangione dijo que actualmente las prestadoras deben 3.500 millones de pesos al sistema estatal y que hay diferencias en el monto que le pagan a una clínica privada y a los hospitales públicos, en perjuicio de estos últimos.
Como consecuencia de esas deudas y de otros factores vinculados a la situación económica y a la prestación de las obras sociales, el sistema de salud público ha registrado un incremento del 45% en las consultas hospitalarias. Esta suba hace que se llegue a la saturación parcial de la atención, dijo el Ministro.
La saturación del sistema sanitario llega a pesar de que, desde la implementación del arancelamiento en la atención para pacientes extranjeros, se ha registrado una disminución que alcanza el 90% en la cantidad de personas que acudieron a hospitales públicos.
Según el propio Mangione, “cada mes en toda la provincia se atendían unos 3300 extranjeros, es decir más de 100 pacientes por día, lo que llevaba que muchas veces los vecinos locales debían esperar meses para poder acceder a un turno”.
«El Estado provincial se ahorra alrededor de $60 millones solo en un hospital, lo cual representa casi el 50% del presupuesto total que recibe por ejemplo el hospital de Santa Victoria Este», agregó por entonces el titular de la cartera sanitaria.
