En pleno tratamiento de la Ley Bases y con la postergación del “Pacto de Mayo” confirmada, los Gobernadores de cinco provincias mineras- Salta, Jujuy, Catamarca, San Juan y Mendoza– y el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, conformaron la Mesa del Cobre.
Al igual que con la mesa del litio, el objetivo es que las autoridades mineras de cada distrito puedan coordinar políticas públicas para la extracción, producción, investigación, industrialización y comercialización del cobre y subproductos. Son dos minerales claves en el proceso de transición energética y Salta tiene vastas reservas de ambos.
“El momento para que se concreten las inversiones reales en cada una de nuestras provincias, es ahora”, afirman en el acta constitutiva los mandatarios, e insisten: “Esperamos el compromiso y el esfuerzo de quienes hoy son los titulares de proyectos con mayor grado de avance hacia su construcción”.
Además de pedir al sector privado que se ejecuten las inversiones, ya que “no se puede seguir esperando”, los Gobernadores señalan el favorable contexto internacional con el alza de precios y la proyección de aumento de la demanda del mineral en el mundo.
Como explicó BUUFO, el RIGI favorece a las empresas con intereses en la minería, la agroindustria, el petróleo y el sector forestal, entre otros rubros, al garantizarles beneficios impositivos y que no habrá cambios por 30 años.
Además de eximir de impuestos varios a los capitales nacionales y extranjeros que inyecten 200 millones de dólares, el RIGI libera las exportaciones sin condicionamientos para abastecer el mercado interno y habilita la libre disponibilidad de divisas, pese a la escasez recurrente del país.
“El mencionado Registro es una puerta de acceso camuflada con visos de legalidad para que capitales provenientes del tráfico de estupefacientes, armas y personas, entre otros, ingresen al circuito económico y financiero de la República Argentina sin exigencias reales de licitud de origen y trazabilidad”, señala un trabajo del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un organismo anti-lavado.
“No existe en el texto del proyecto de ley ningún requisito solido de acreditación de origen licito de los fondos o su trazabilidad para evitar un blanqueo o lavado encubierto producto de organizaciones criminales (…). La Argentina se transformaría en un nuevo paraíso fiscal para capitales de origen incierto”, apunta el GAFI.
Uno de los puntos de acuerdo entre Milei y el gobernador salteño Gustavo Sáenz tiene que ver con el RIGI. Tanto es el interés que hay detrás de este proyecto que Sáenz admitió que tal esquema es una propuesta de las empresas mineras que tienen intereses en los recursos naturales de Salta, particularmente en el cobre, con lo cual podria tratarse de la firma a cargo del proyecto TACA TACA.
Por eso es que los diputados nacionales de Innovación Federal, que responden a Sáenz y a sus pares de otras provincias, votaron a favor de la Ley Bases original que termino cayendo. Hablamos de Pamela Calletti, Pablo Outes y Yolanda Vega. En el Senado hace lo propio Juan Carlos Romero, el socio político del mandatario provincial.
