Es ley la privatización de salud para conductores que generen siniestros con alcohol en sangre

• La ley del “Cobro de Prestaciones Sanitarias” fue impulsada por el gobernador Sáenz a instancias de un médico amigo. En el Senado dieron media sanción a otro texto en octubre.
• El nuevo marco normativo establece que se deberá pagar internación, medicamentos, prótesis y órtesis. Si no tienen plata, tendrán que hacer tareas comunitarias, o generarán deuda. 

El 20 de noviembre Gustavo Sáenz publicó un video en sus redes sociales para impulsar el arancelamiento parcial en la salud para aquellas personas que “provoquen un accidente automovilístico estando alcoholizados y/o habiendo consumido estupefacientes” y “requieran su atención médica en los efectores del Sistema de Salud Pública”.

La iniciativa de Sáenz, que surgió tras una sugerencia de su médico amigo Antonio Salgado– según contó-, se materializó en un anteproyecto el 28 de noviembre. En rigor, el texto presentado se convirtió en ley en la sesión del martes 3 de diciembre en la Cámara de Diputados tras la unificación con una iniciativa aprobada en el Senado en octubre, promovida por la senadora anteña Alejandra Navarro. 

Titulado como “Ley de Cobro de Prestaciones Sanitarias a Conductores que provoquen accidentes estando en estado de ebriedad”, el proyecto que pasó al Ejecutivo para su reglamentación estipula que se deberá pagar toda la intervención sanitaria que se realice en el sistema sanitario público.

El cobro o recupero de dinero comprende a las prestaciones, los medicamentos, las prótesis y órtesis que se hubieran destinado a los pacientes derivados de siniestros provocados con alcohol o drogas ilegales en sangre.

A ustedes, ¿Qué les parece? pic.twitter.com/QFE9fXSbI0

— Gustavo Sáenz (@GustavoSaenzOK) November 20, 2024

Según el detalle de la Legislatura, el pago sería para quienes estuvieren conduciendo. La aplicación estará a cargo del Ministerio de Salud de la Provincia, que tendrá que definir “la responsabilidad” de los involucrados y tramitar el cobro.

Cuando anunció el proyecto, Sáenz aportó algunos datos provistos por hospitales públicos. Dijo que en el 2023 fueron casi 6.000 los siniestros viales, de los cuales unos 1.700 involucraron a motocicletas, y sostuvo que una intervención no crítica demanda un coste de $15 millones por mes y por una crítica, se eleva a $60 millones mensuales.

(Como en Salta, Milei avanza con el cobro de la salud a extranjeros no residentes)

«En estos casos el que tiene plata tiene que pagar la internación; que se haga cargo la obra social o los padres o ellos mismos. Y en el caso de que no tengan plata: trabajo comunitario en Centros de Salud o escuelas«, expresó el mandatario provincial, no sin antes admitir que «determinar cuales son por impericia, por imprudencia, por negligencia, por haber tomado alcohol es lo importante».

La diputada que preside la Comisión de Salud, Laura Cartuccia, precisó que el costo diario por internación en piso es de unos $115.000 y que la internación en UTI ronda los $340.000, en ambos casos  sin incluir remedios, tratamiento quirúrgico, asistencia respiratoria mecánica, entre otros ítems.

Como dato de color, Cartuccia puso de ejemplo a una persona fallecida tras dos meses de internación por tener “un accidente vial en estado de ebriedad”, cuyo tratamiento “generó un gasto de casi $12 millones y medio de pesos al sistema”, tal como reconstruyen fuentes legislativas. Y sumó: “Hablamos de números significativos, de números que son visibles, pero también tenemos que ver otra situación, qué pasa con aquellas personas que quedan con secuelas producto de estas acciones”.

La petulancia del presidente del cuerpo Esteban «Tuty» Amat Lacroix (La Viña) no permitió que se hiciera un cambio tan menor como significativo: reemplazar el concepto de «accidentes» por «siniestros». Fue algo sugerido por el macrista José Gauffin entendiendo los tecnicismos que se manejan en la seguridad vial, puesto que el primero alude a un hecho involuntario casual mientras que el segundo refiere a una situación que se podria haber prevenido, además de matizar sus diferencias ante las aseguradoras. 

Gauffin también cuestionó la ausencia de la secretaria General de la Gobernación, Matilde López Morillo, y sostuvo que «tiene dudas» acerca de la constitucionalidad de la norma. Aunque fuere curioso por su extracción política, el diputado del PRO defendió la salud publica que brinda el Estado sin distinciones y dijo que la ley favorece a las personas con dinero en detrimento de los mas desfavorecidos.

Como sea, si el pago no se realiza en 60 días corridos desde la facturación del arancel, o ante el incumplimiento del servicio comunitario, el Ministerio de Salud emitirá “un certificado de deuda que constituirá título ejecutivo suficiente, en los términos del artículo 533 inciso 7 de la Ley N°5.233 y sus modificatorias”.

(E.F.)