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- El senador provincial Javier Mónico Graciano afirmó en Sapo de Otro Pozo que la reforma busca devolver la confianza en la justicia mediante audiencias públicas filmadas, roles claramente definidos y mecanismos modernos de investigación.
La provincia de Salta está en camino hacia una transformación histórica de su sistema penal: el senador Javier Mónico Graciano explicó el proyecto de reforma al Código Procesal Penal, actualmente en discusión en el Senado, que ya obtuvo media sanción en Diputados.
Según Mónico, la iniciativa —impulsada por el Ejecutivo y respaldada por sectores judiciales y legislativos— promueve un modelo acusatorio-adversarial, con fiscalías dedicadas a la investigación y jueces exclusivamente para juzgar. Esta nueva arquitectura procesal se complementa con la oralidad, ya que las audiencias serán públicas, filmadas y con un registro audiovisual que quedará disponible para futuras instancias.
Otro punto central de la reforma es la participación ciudadana mediante el juicio por jurado en delitos graves como homicidio o abuso sexual, según el proyecto que ya fue debatido por asesores y operadores judiciales. Además, se plantean herramientas modernas de investigación: agentes encubiertos, informantes y colaboración con imputados para casos complejos.
Para mejorar la eficiencia, la reforma también incluye la creación de una Oficina Judicial, que asumirá labores administrativas y liberará a los jueces para que se dediquen a las audiencias y sentencias. En paralelo, se plantea un nuevo sistema recursivo: los recursos de apelación serán “horizontales”, evitando la concentración de poder en instancias superiores.
Mónico explicó que todo esto responde a una demanda social: “La justicia está cuestionada: falta velocidad, impunidad, discrecionalidad”, dijo. Para él, el nuevo código permitirá que los fiscales, jueces y defensores estén “a la altura” de sus roles, y que el ciudadano pueda ver en tiempo real lo que sucede en una audiencia.
En el plano técnico, consultado sobre el uso de agentes encubiertos o informantes, Mónico aclaró que esas figuras estarán reguladas y requerirán autorización judicial, pero consideró que son herramientas necesarias para investigar organizaciones criminales sofisticadas.
Respecto a su condición de legislador, el senador asumió que en lo político la reforma también implica recursos humanos y económicos: “Este no es solo un cambio normativo, es una reasignación estratégica de prioridades”, dijo, y advirtió que la política económica nacional desconecta la justicia de los ciudadanos, al privilegiar “la especulación financiera” por sobre la producción y el empleo.
La reforma fue presentada al Senado, ha recibido dictámenes favorables en comisiones y, según el cronograma legislativo, podría convertirse en ley en semanas. El proyecto representa para Mónico “una pieza clave para recuperar la confianza de la población en sus instituciones judiciales”.








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