El MPF recurrió a la Corte para revisar la reducción de condenas en la causa ADP

• El Ministerio Público Fiscal presentó un recurso ante la Corte de Justicia de Salta para que se revise el fallo que redujo las penas a Patricia Argañaraz y otros ex dirigentes de la Asociación Docente Provincial, condenados por maniobras fraudulentas que afectaron a 26 familias.

El Ministerio Público Fiscal de Salta recurrió a la Corte de Justicia provincial para que se revise la sentencia que redujo las condenas a ex autoridades de la Asociación Docente Provincial (ADP), involucradas en una causa por administración fraudulenta y estafas reiteradas.

El recurso fue presentado el pasado 21 de enero por el fiscal de Impugnación interino en feria, Daniel Espilocín, mediante un Recurso de Queja, luego de que la Sala IV del Tribunal de Impugnación rechazara un Recurso de Inconstitucionalidad impulsado por la fiscal de Impugnación, Mónica Poma.

La controversia se origina en el fallo del Tribunal de Impugnación que, si bien confirmó la responsabilidad penal de los imputados, resolvió reducir significativamente las penas dictadas en noviembre de 2024 por el Tribunal de Juicio Sala VI.

En aquella oportunidad, Patricia del Valle Argañaraz, exsecretaria general de la ADP, y Ana María Cerezo, ex tesorera, habían sido condenadas a seis años de prisión de cumplimiento efectivo, al ser consideradas coautoras de los delitos de administración fraudulenta y estafas reiteradas en 26 hechos. En tanto, Raúl Dante Argañaraz y Nicolás Demetrio Zissi recibieron penas de tres años de prisión condicional.

Sin embargo, tras los recursos de las defensas, la Sala IV del Tribunal de Impugnación entendió que los 26 hechos de estafa debían considerarse como un único delito continuado, en concurso real con la administración fraudulenta. En consecuencia, redujo las condenas a tres años y seis meses de prisión efectiva para Argañaraz y Cerezo, y a un año y seis meses de prisión condicional para los otros dos imputados.

Desde el Ministerio Público Fiscal sostienen que esta decisión implicó una aplicación errónea y arbitraria de la ley, ya que no se valoró adecuadamente la multiplicidad de víctimas ni la diversidad de maniobras utilizadas para captar recursos de manera fraudulenta. Según la Fiscalía, se trata de 26 familias distintas que resultaron perjudicadas, lo que justificaría el criterio original del Tribunal de Juicio.

Por ese motivo, el MPF solicitó a la Corte de Justicia que declare mal denegado el Recurso de Inconstitucionalidad y que, en consecuencia, revoque la sentencia del Tribunal de Impugnación, restableciendo las penas originalmente impuestas.

El caso, de alto impacto en el ámbito gremial docente de Salta, sigue generando repercusiones políticas y judiciales, mientras se aguarda la definición del máximo tribunal provincial.