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- El ministro de Destrucción del Estado de Milei impuso la derogación de un certificado que es clave para la producción y trazabilidad del vino.
- Un fallo judicial marcó un revés para Sturzenegger tras la presentación de un amparo de la Unión Vitivinícola Argentina. El funcionario los comparó con la AFA.
- ¿Qué es el Certificado de Ingreso de Uva y para qué sirve? Lo explican especialistas y productores, entre ellos uno de los socios de la bodega salteña Domingo Hermanos.
A principios de noviembre de 2025 el Gobierno de Javier Milei eliminó más de 900 normas que regulaban los procesos de la industria vitivinícola. La iniciativa afectó a los diversos actores del sector: productores de uvas, establecimientos de elaboración, bodegas, fábricas de mosto, distribuidores, exportadores, entre otros eslabones que conforman la cadena.
“Dejamos atrás el régimen en el que el Estado pretendía controlar cada paso del proceso productivo para pasar a un modelo donde se enfoca exclusivamente en garantizar la aptitud para consumo del vino”, sostuvo el ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger.
Un mes después de la mega-derogación de leyes, la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (Acovi), la Unión Vitivinícola Argentina (UVA), la Asociación de Viñateros de Mendoza (AVM) y la Cámara Riojana de Productores Agropecuarios (Carpa) presentaron una acción de amparo por la desregulación promovida desde el Instituto Nacional de Vitivinicultura.
“Frente a los reiterados pedidos realizados a las autoridades del Ministerio de Desregulación para reincorporar el CIU y su obligatoriedad, y ante la falta de respuestas, presentamos una acción de amparo para garantizar el título de propiedad del productor vitivinícola y la trazabilidad del producto”, informó ACOVI.
El CIU es el Certificado de Ingreso de Uva. Se trata de un documento que otorga seguridad jurídica al productor que entrega la cosecha para cobrar después y que, además, permite la trazabilidad del proceso de producción de vinos, ya que registra el ingreso del fruto a las bodegas, donde se realiza la verificación. En el amparo los representantes del sector explicaron que el CIU no genera burocracia ni mayor costo, sino que brinda transparencia a toda la cadena.
🛑 Frente a los reiterados pedidos realizados a las autoridades del Ministerio de Desregulación para reincorporar el CIU y su obligatoriedad, y ante la falta de respuestas, @ACOVI_, @uva_mendoza, Asociación Viñateros de Mendoza y Cámara Riojana de Productores Agropecuarios… pic.twitter.com/TbvigGNkq6
— ACOVI (@ACOVI_) December 2, 2025
Osvaldo Domingo de la Bodega Domingo Hermanos de Salta explicó en el programa “El Murishow” (streaming DIX – El 10 TV) que en el sector vitivinícola se consensuó la continuidad del CIU, al cual definió como “el DNI de la uva: te dice de qué viñedo es y su variedad, lo que permite una trazabilidad” en el producto final.
Lejos de atender el mensaje, el 17 de diciembre Sturzenegger comparó a los viñateros de Mendoza con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), institución que también acudió al Poder Judicial para frenar las sociedades anónimas. El funcionario libertario sugirió que el CIU se utiliza para cartelizar el mercado y fomentar “prácticas anticompetitivas” y, también, para cobrar una tasa cuyo manejo sería opaco, pero que al mismo tiempo Sturzenegger no devela.
A raíz de esa controversia, el portal especializado en cuestiones del mundo agro Bichos de Campo publicó una esclarecedora nota titulada “Educando a Federico Sturzenegger: El certificado vitivinícola que quiere eliminar el ministro no tiene nada que ver con la AFA y más bien previene el “afano” a los productores”.
En el artículo se reconstruye la disputa del sector con Sturzenegger, aporta datos del proceso productivo y menciona el fallo judicial a favor del reclamo de los viñateros que suspendió por 6 meses la vigencia de la modificación dispuesta por el INV y que, además, ordenó no innovar con otras medidas.
“El CIU permite registrar quién es el propietario del producto, de qué viñedo viene la uva que entra a la bodega, a qué número de lote del viñedo pertenece, si proviene de una zona con Denominación de Origen Controlada (DOC), o con Indicación Geográfica de Calidad, información fundamental que permite que el precio de comercialización de ese vino sea mayor”, explican.
Y sigue: “También certifica de que variedad de uva se trata, ya que hay múltiples variedades, y una vez pesada la cantidad de uvas en la báscula, se puede determinar la cantidad de litros de vino que se van a elaborar con esas uvas, la cantidad de azúcar que tiene, y el grado alcohólico que resultará de la vinificación, datos que también quedan registrados”.

Un punto central que aborda Bichos de Campo tiene que ver con la “elaboración por cuenta de terceros”, la práctica que realizan los productores que no tienen bodegas y que deben llevar sus cosechas a dichas instituciones para vinificar sus uvas. Según los datos citados del Observatorio Vitivinícola, el 30% de stock de vinos a diciembre de 2025 fue elaborado por cuenta de terceros. De manera tal que, en tales casos, el CIU “cobra primordial importancia para evitar abusos, confusiones, estafas y conductas engañosas”.
Seguidamente la nota retoma los fundamentos del amparo judicial que abordan la importancia del CIU para los aportes sociales que los viñateros hacen a los trabajadores de viña:
“El CIU sirve de base para determinar la tarifa sustitutiva de los aportes y contribuciones de las cotizaciones sociales del trabajador rural del sector vitivinícola, ya que al tratarse de un documento bilateral, emitido al momento del ingreso de la uva al lagar, con el debido control y participación conjunta del productor y del establecimiento elaborador, ha permitido una amplia formalización del empleo rural, generando un marco de transparencia, que prácticamente ha hecho innecesaria la fiscalización activa por parte de ARCA, gracias a la confiabilidad y verificabilidad de la información registrada”.

Finalmente, BdC cita al experimentado enólogo Luis Sentinelli, quien trabajó en varias bodegas y también fue director de Estadísticas y Relaciones Institucionales del Instituto Nacional de Vitivinicultura. Sentinelli explica: “Estas disposiciones y el marco legal para la industria del vino a través de la Ley 14.878 se hicieron por los desastres mundiales, no solo en nuestro país, provocados por los seres humanos con la falsificación y adulteración de vinos”.
Y sintetiza: “Por lo que, tanto el CIU como la normativa vigente no son un capricho de un gobierno provincial, del peronismo argentino o de la izquierda; sino que esto fue una necesidad de la propia actividad, que oportunamente acordó y puso en marcha, para mejorar las prácticas de elaboración y producir un producto genuino que pudiera salir al consumo”.
OTROS DATOS
Recientemente la vocera oficial del Gobierno de Salta, Paula Benavides, realizó un balance de la administración Gustavo Sáenz durante el 2025. Cuando abordó la situación del sector agroindustrial, Benavides dijo que la vitivinicultura ha crecido un 10% en los últimos cinco años con 3.700 hectáreas de vino de altura.








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