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La iniciativa se sostiene en el reclamo de vecinos que, desde hace años, denuncian situaciones de intimidación y cobros indebidos por parte de grupos organizados que operan alrededor de espectáculos, zonas gastronómicas y arterias muy transitadas. “Los vecinos nos dicen siempre lo mismo: o pagás, o tenés miedo de que te rompan el auto. Esto tiene que acabarse”, sostuvo Durand.
La reforma impulsada por el Ejecutivo y el senador Carrizo apunta a modificar el artículo 77 del Código Contravencional, elevando el máximo de arresto de 20 a 40 días. Pero además incorpora un cambio central: el arresto será de cumplimiento efectivo cuando:
el cobro ilegal se realice en eventos de concurrencia masiva,
la persona damnificada sea una mujer,
exista la participación de jefes o promotores de la actividad ilegal.
Carrizo recordó que otras provincias ya avanzaron en regulaciones similares y que muchas personas que ejercen esta actividad migraron hacia Salta desde lugares donde las sanciones se endurecieron. “Ahora nos toca a nosotros regularlo”, dijo.
Durand, por su parte, insistió en que el objetivo es darle herramientas a fiscales, jueces y a la Policía para que puedan intervenir con más fuerza: “Estamos hablando de convivencia ciudadana, de garantizar seguridad para los vecinos y también para quienes visitan Salta”.
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