Causa alimentos y bienes para carenciados: imputaron al exfuncionario municipal Aroldo Tonini

• El hombre de confianza del romerismo fue señalado como el encargado de autorizar el retiro de mercadería de los depósitos municipales.
• Desde la Procuración Municipal no descartan que la ex jefa comunal Bettina Romero supiera sobre los movimientos. Tiempo atrás ella se despegó de Fayón Medina.

El ex funcionario municipal y hombre de confianza de la exintendenta Bettina Romero, el veterano dirigente Aroldo Tonini, fue imputado por la presunta comisión del delito de malversación de fondos públicos en el marco de la causa iniciada por el robo de alimentos y bienes de los galpones municipales en diciembre de 2023, según trascendió en las últimas horas.

La investigación fiscal llegó a Tonini luego de analizar el alcance de los roles que tuvieron los otros imputados: Silvia Varg de Nioi (ex secretaria de Desarrollo Humano), Luis Fayón Medica (ex titular de la Panadería Social y familiar de Romero) y Andrés Nux, quienes ya fueron imputados por presunta malversación de fondos y peculado, con matices en la participación/autoría.

Tonini habría sido quien autorizó el retiro de la mercadería que tendría que haberse destinado a personas carenciadas, según denunciaron desde la gestión de Emiliano Durand, cuyos funcionarios no descartan posible involucramiento de la propia Romero.

EL ORIGEN

Eran cuatro los depósitos que el Municipio destinaba al acopio de alimentos y bienes para personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica. El grueso de la mercadería que se habría adquirido en la era Romero fue retirada desde el viernes 8 de diciembre de 2023- que fue feriado- hasta el domingo, previo a la asunción de Durand. “Esos tres días llevaron los camiones, los pusieron de culata y vaciaron los galpones”, explicó Matías Risso, procurador municipal, quien destacó el rol de la secretaria de Desarrollo Social, Daiana Ovalle, por advertir la maniobra.

Sobre el monto dinerario de perjuicio, Risso dijo que es muy difícil saberlo porque “era muy improlija” la gestión anterior en cuanto al control de stock y a la propia administración de los bienes públicos, al punto tal que sugirió otros casos de aparente uso de bienes públicos con fines particulares.

“Se descubrió que mercadería se destinó a empleados municipales; entregaron bloqueras que supuestamente eran préstamos para que las personas de escasos recursos realizaran sus casas y no eran devueltas; se entregaron elementos del Municipio con una hoja que no aclaraba ni el domicilio ni el documento de la persona que lo retiraba. Hay muchas irregularidades que están siendo investigadas y entiendo que muy prontamente será llevado a juicio”, afirmó Risso en diálogo con “El Murishow”.

Al ser consultado por el conocimiento- o no- de la entonces jefa comunal Bettina Romero, el procurador respondió: “Es difícil de entenderlo. Nosotros estamos juntando los antecedentes. Pero entendemos que si hay responsabilidad de dos Secretarios de Estado, debía haber por lo menos conocimiento de lo que sucedía en los depósitos”.

Risso afirmó que, en caso de ser necesario, pedirán la citación de Romero a prestar declaración. En su momento, Romero cuestionó a Fayón Medina y se despegó de las trapisondas que le atribuyen. “Me enteré por las noticias y me indignó. No lo podíamos creer. Duele enormemente cuando alguien que ha tenido confianza, que venía trabajando políticamente te muestra este comportamiento. Despreciable actitud y accionar de este señor”, señaló la ex jefa comunal salteña.

LOS INICIOS JUDICIALES

“La investigación se centró en reconstruir los movimientos de entrada y salida de bienes en los depósitos municipales, a través de auditorías, relevamientos, y testimonios de personal involucrado en la gestión de los depósitos”, detalló el Ministerio Público Fiscal tras el primer allanamiento realizado a mediados de 2024.

Asimismo, fuentes del caso señalaron que los investigadores de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) “detectaron irregularidades como la falta de documentación de respaldo, inexistencia de equipos informáticos, ausencia de cámaras de seguridad, y la falta de elementos de seguridad como matafuegos”.

“También se identificaron deficiencias en la gestión administrativa, como la falta de inventarios permanentes, control de stock y la ausencia de un acta de cierre de gestión al 10 de diciembre de 2023”, sostuvo el comunicado de la investigación a cargo de la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio.

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