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Caso Ríos & Asociados: la Justicia mantiene la prisión domiciliaria de la acusada por 849 estafas

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  • El juez Leonardo Feoans rechazó los pedidos de la defensa y de la querella.
  • Cynthia Elizabeth del Valle Moya irá a juicio como presunta jefa de una asociación ilícita.

La Justicia salteña resolvió mantener la prisión domiciliaria de Cynthia Elizabeth del Valle Moya, imputada como jefa u organizadora de una asociación ilícita y acusada por 849 hechos de estafa y 849 falsedades de instrumento privado en concurso ideal, en el marco de la causa conocida por la falsa financiera “Ríos & Asociados”.

La decisión fue adoptada por el juez Leonardo Feoans durante una audiencia de revisión de medidas sustitutivas, en la que el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por la auxiliar fiscal Eugenia López Ahanduri, por indicación de la fiscal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio.

En la audiencia, la defensa de la imputada solicitó que se deje sin efecto el arresto domiciliario y se aplique una medida menos gravosa. En paralelo, el querellante y representante de varios damnificados, José Fernando Teseyra, pidió que —en caso de mantenerse la domiciliaria— se amplíen las autorizaciones de salida por motivos médicos y familiares.

Desde la fiscalía se opusieron a cualquier flexibilización y sostuvieron que persisten riesgos procesales, especialmente peligro de fuga.

Finalmente, el magistrado rechazó ambos planteos y resolvió mantener la prisión domiciliaria. Además, dispuso que los pedidos de salidas continúen resolviéndose bajo los criterios ya establecidos por la Oficina Judicial (OFIJU).

La causa principal ya fue elevada a juicio en junio de 2025 por el juez de Garantías 3, Antonio Pastrana. Moya será juzgada como presunta jefa de una asociación ilícita y por cientos de maniobras de estafa.

En paralelo, la UDEC impulsó la elevación a juicio de otra causa por seis estafas adicionales vinculadas a una nueva financiera denominada “Norte & Asociados”, que habría comenzado a operar luego de que la imputada obtuviera medidas sustitutivas a la prisión.

El caso es uno de los más voluminosos en materia de delitos económicos en la provincia y afecta a cientos de damnificados.

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