La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, encabezó la reunión del Consejo de Seguridad Interior (CSI) realizada en Mendoza junto con el gobernador de esa provincia Alfredo Cornejo y los ministros Mariano Cuneo Libarona (Justicia) y Luis Petri (Defensa).
En ese marco, Bullrich anunció que enviaría un proyecto de ley al Congreso para reformar el Código Penal Juvenil para que se “termine de utilizar a los menores” o que “los menores puedan cometer delitos sin ningún tipo de sanción”, reconstruye Noticias Argentinas.
Cuneo Libarona ya se había expresado en el mismo sentido. En marzo dijo que la edad de imputabilidad tendría que ser de 14 años y lo justificó diciendo que los chicos que tienen esa edad “vuelan: teléfono, delincuencia”.
Para el abogado Pablo Del Pino, litigante en tribunales salteños, “cuando un menor cae preso, o cuando entra al sistema o se institucionaliza, es una derrota del Estado” que no supo desplegar sus políticas publicas integrales para disminuir las injusticias. “Esto no viene a solucionar los problemas de la sociedad para nada”, apuntó.
Actualmente, de acuerdo con la ley de minoridad nacional y a los códigos provinciales, se establece que el menor de 14 años es inimputable: salvo alguna situación que pueda ser objeto de una cautelar, está excluido del sistema judicial. De 14 a 16 años se debe declarar la responsabilidad penal y la solución es alojarlo en institutos para chicos en conflicto con la ley penal.
SOCIEDAD
Ciertamente, hay un sector de la sociedad que entiende que la mano dura o endurecimiento de las penas terminaría con los hechos de inseguridad o casos delictivos. De allí que, cada vez que un menor participa de algún delito, la noticia reflejada en medios de comunicación y redes sociales centran su abordaje en que son reincidentes porque no pueden ser encerrados tras las rejas.
Si partimos de ese encuadre, la presentación del proyecto de Bullrich-Cuneo Libarona busca ganar apoyos ante una sociedad que sufre hechos delictivos. Para Del Pino, “hay un sector de la sociedad que festeja cada cercenamiento de los derechos”. Bullrich ya intentó avanzar en este sentido cuando fue parte del gobierno de Mauricio Macri y el ministro de justicia era Germán Garavano.
Al ser consultado por el involucramiento de las instituciones en la materia, el abogado Pablo Del Pino consideró que, ya sea en el tratamiento legislativo o públicamente, la Corte de Justicia, las Cámaras de Casación o Impugnación, o los Colegios de Abogados deberían pronunciarse: “Tienen responsabilidad institucional de hacerlo”.
