A cagar al campito (antes que lo desmonten) porque el ajuste en obras se profundiza

• Sobre la eliminación del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento y la supresión del fondo fiduciario para cuidar bosques nativos del régimen de Milei.

Por Emiliano Frascaroli

A través de una entrevista en el canal oficialista La Nación +, el ministro de Economía Luis “Toto” Caputo anunció que el Gobierno ha decidido cerrar en Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA). El también exfuncionario de Mauricio Macri dijo que este organismo era “un antro de corrupción” que se había creado en 1995 “supuestamente para hacer una obra o dos” y sostuvo que tenía “casi 1.500” proyectos a su cargo mientras que la Subsecretaría de Recursos Hídricos registraba 184 obras.

La postura de Caputo para con la obra pública es la postura de Javier Milei y la del ministro de Destrucción del Estado, Federico Sturzenegger. El feroz ajuste aplicado en la materia desde la llegada de La Libertad Avanza a Balcarce 50 lo demuestra. Y las afirmaciones de Sturzenegger acerca de que el financiamiento del Estado nacional “no vuelve más” anticipan un panorama complejo.

Sucede que el ENOHSA es un organismo que realiza obras de infraestructura para la mejorar en la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento cloacal en las provincias y los municipios de todo el país. En efecto, propende el desarrollo integral de los pueblos igualando allí donde el sector privado no llega porque no es “rentable” y porque el “mercado” no está obligado a garantizar el acceso a derechos básicos.

El ENOHSA, que cuenta con personería jurídica y autarquía administrativa, se encargaba de obras que tienen directa relación con enfermedades que afectan a la ciudadanía. Por ejemplo, si no hay agua potable y cloacas, se incrementan las infecciones y los casos de diarrea, principalmente en niños y niñas.

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La disolución del organismo se da en un contexto en el cual más de 40% de los habitantes del país no tienen cloacas, según los datos del Censo 2022 difundidos por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). El porcentaje equivale a 26.185.184 personas. A su vez, el informe señala que más de medio millón de personas no tiene acceso al agua de red dentro de sus viviendas.

El ajuste se refleja también en el Presupuesto 2025, pues las partidas destinadas a servicios sociales sufrirán una fuerte caída. Las áreas que son pasibles de la motosierra libertaria se destacan “Agua Potable y Alcantarillado” con una baja del 57% y el segmento “Vivienda y Urbanismo” con el 47% menos, de acuerdo con un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).

La ACIJ sostiene que “el recorte del presupuesto en servicios sociales ha sido una parte fundamental en el logro del superávit fiscal por parte del Gobierno”, pues “casi la mitad de la reducción del gasto entre 2023 y 2025 se explica por la baja de este rubro”. 

«Lo fundamental que tiene que hacer un Estado Nacional es asegurar la estabilidad macroeconómica, las relaciones exteriores y el imperio de la ley. Punto (…). Cualquier otra cuestión puede resolverse a través del mercado, o es competencia de los gobiernos sub-nacionales«, afirmó en su momento Javier Milei. Una idea que se refleja en el Presupuesto.

CONTRAPUNTOS 

Por su parte, el Gobierno de Milei también eliminó dos fideicomisos: uno destinado al financiamiento de las becas PROGRESAR para estudiantes y el otro que servía para desplegar acciones que protejan los bosques nativos. Lo hizo gracias a la Ley Bases, cuyo articulado habilita al Ejecutivo a disolver o liquidar estos instrumentos.

Para avanzar contra el Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos el Ministerio de Economía cita una auditoria de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) que alude a problemáticas para su aplicación y falta de información sobre las ejecuciones realizadas.

La diputada provincial por Orán, Patricia Hucena, sostuvo que la eliminación “vulnera la Constitución Nacional” por el principio de no regresión en materia ambiental y aseguró que “son $15.800 millones de pesos que no se van a recibir” en la Provincia. Respecto del PROGRESAR, la legisladora detalló que el Presupuesto Nacional 2025 profundiza el ajuste: representa un 22% menos de los fondos girados para el 2024, y un 69% menos que en 2023.

El ministro de Producción y Desarrollo de la Provincia, Martin De los Ríos, es un ferviente detractor de la “Ley Bonasso”, en alusión al autor de la ley que promueve la protección de los bosques: Miguel Bonasso. El salteño dice que es inconstitucional porque los recursos naturales son administrados por las provincias y que la Nación debe a Salta una suma millonaria por no cumplir con el giro de fondos que demanda la ley.

“Salta es la provincia con mayor superficie bajo bosque nativo en Argentina y tenemos una gran cantidad de hectáreas bajo un alto poder de conservación. Pero cuidar el bosque, conservándolo y produciendo al mismo tiempo, requiere recursos. Si los bosques no son cuidados, se degradan. Esto lo vemos con el flagelo de la tala ilegal, que es difícil de combatir”, sostuvo De los Ríos en una entrevista con El Tribuno en la que asegura que la provincia se encuentra “a la vanguardia en sustentabilidad ambiental”.

En efecto, con la eliminación del fideicomiso para proteger los bosques se podrían profundizar las deforestaciones. Una práctica que nunca ha parado pese a la sanción, en 2007, de la Ley de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. Según un informe del ex Ministerio de Ambiente y Producción Sostenible de la Nación, titulado “Causas e Impactos de la Deforestación de los Bosques Nativos de Argentina y Propuestas de Desarrollo Alternativas”, el país se encuentra en el podio de los desmontes.

La República Argentina se encuentra entre los diez países con mayor pérdida neta de bosques en el período 2000-2015. La pérdida de bosques nativos entre 1998 y 2018 fue de alrededor de 6,5 millones de hectáreas, ocurriendo el 43 % de la misma (aproximadamente 2,8 millones de hectáreas) dentro del período de vigencia de la Ley N° 26.331 (2008 a 2018)”, señala el estudio.

Y sobre la región más afectada por el cambio de uso de suelo de la tierra para que se lleven adelante proyectos agrícolas y ganaderos, el trabajo explica: “La pérdida de bosque nativo en el periodo 2007-2018 se localizó principalmente en la región del Parque Chaqueño (87 %), fundamentalmente en las provincias de Chaco (14 %), Formosa (13 %), Salta (21 %) y Santiago del Estero (28 %)”. De los departamentos salteños con mayor deforestación se destacan  Anta, Orán y General San Martín.

El crecimiento de los desmontes y el mantenimiento de los altos índices de pobreza refutan la apreciación del ministro De los Ríos acerca de que se ha condenado a la gente del Chaco Salteño a vivir en malas condiciones porque se planteó que un incremento en la producción equivale a mayor deforestación. Ahora deberán ir a defecar al campito que les quede, porque tampoco habrá obras de agua y saneamiento.