Sáenz mandó al frente a Royón: ¿La senadora no leyó el texto de la Reforma Laboral?

• El Gobernador ofició de vocero de los legisladores ‘amigables’ y anticipó que no votarían un artículo que recorta el sueldo a trabajadores que padezcan afecciones en su salud.
• La senadora salteña votó a favor de la Reforma Laboral y hasta admitió que sabía que no generaría trabajo. Ahora quedó en offside.

Hace menos de una semana el Senado Nacional dio media sanción a la Reforma Laboral, una iniciativa del gobierno de Javier Milei y de sus ‘aliados’ políticos que obtuvo 42 votos a favor y 30 en contra. Las 3 bancadas por Salta votaron a favor: Flavia Royón, María Emilia Orozco y Gonzalo Guzmán Coraita.

El oficialismo giró el texto rápidamente a la Cámara de Diputados con la idea de lograr su sanción definitiva antes del inicio de sesiones ordinarias, cuyo ciclo deberá inaugurar Milei con la llegada del mes de marzo dando un discurso ante la Asamblea Legislativa.

Sin embargo, ahora el proyecto quedó empantanado y posiblemente deba regresar al Senado para un nuevo tratamiento. Esto se debe a cambios que surgieron a último momento, pero que ya estaban incorporados en el proyecto.

Concretamente, la polémica se centra en el artículo 44 que modifica un aspecto clave de la Ley de Contrato del Trabajo sobre accidentes y enfermedades inculpables. El proyecto de La Libertad Avanza y de sus aliados recorta los salarios en un 50 o 75 por ciento a trabajadores que padezcan afecciones en su salud.

En las últimas horas el gobernador salteño Gustavo Sáenz ofició de vocero de los Gobernadores y legisladores de Tucumán y Catamarca y anticipó que los diputados nacionales de los bloques Innovación Federal, Independencia y Elijo Catamarca no votarían el mencionado artículo.

“Si fue un error, lo más justo y prudente es corregirlo y, mucho mejor, eliminarlo. Nadie elige accidentarse o enfermarse. Tenemos la responsabilidad y obligación de dar garantías y certezas con esta nueva ley y no generar incertidumbre y angustia a los trabajadores”, planteó Sáenz en sus redes sociales.

La postura de Sáenz, del tucumano Osvaldo Jaldo y del catamarqueño Raúl Jalil coincidió con la del macrismo residual. Por caso, el diputado Cristian Ritondo (PRO) también dijo que tal articulado espantaba los votos a la Reforma Laboral toda.

A raíz de ello, el Gobierno anunció el miércoles que retiraría el artículo de la polémica. El objetivo es que los ‘aliados’ sigan apoyando la ley. De haber modificaciones, el texto debería regresar al Senado, con lo cual su sanción definitiva se retrasaría.

Sin embargo, el rechazo expresado por Sáenz dejó expuesta a la senadora Flavia Royón, quien votó a favor de la Reforma Laboral por expreso pedido suyo. ¿La senadora salteña no leyó el proyecto que acompañó y que hasta defendió con una frase que recorrió la prensa con tirada nacional? ¿O siempre estuvo de acuerdo? Las preguntas retumban en el escenario político salteño.

“Esta ley laboral claramente no va a crear empleo (…), pero sí considero que este proyecto da un marco, ordena y moderniza. Valoro la voluntad del Gobierno, así que la voy a acompañar”, planteó Royón al justificar su voto afirmativo la semana pasada.

Ahora Sáenz planteó que el artículo que recortaba aún más los derechos de los trabajadores era un impedimento para que los  diputados de su espacio lo acompañaran. Con la retirada de ese tramo, los salteños Bernardo Biella, Yolanda Vega y Pablo Outes votarán a favor de la Reforma Laboral.

SENADO: LA POLÉMICA

Durante el debate en comisiones del Senado, el oficialismo aceptó algunos cambios en el proyecto original con el objetivo de mantener el apoyo de sus ‘aliados’.

En principio, LLA aceptó eliminar el artículo que bajaba la alícuota del Impuesto a las Ganancias para las empresas. Esta medida impactaba de lleno en la recaudación del Estado Nacional y de las Provincias, pues la mayor parte de esos fondos se coparticipa con los gobiernos sub-nacionales. Era el reclamo de gobernadores como el salteño Sáenz para que la senadora Royón votara a favor, tal como anticipó BUUFO.

La jefa de la bancada libertaria Patricia Bullrich anunció que el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) finalmente se dividirá en dos categorías: “aporta el empleador: 1% mensual grandes empresas, 2,5% mensual mipymes”. No obstante ello, se mantuvo, pese a las críticas que suscita el FAL.

Son las partidas que financiarán los despidos e indemnizaciones, cuya administración quedaría en manos de entidades financieras privadas. En la actual normativa estos aportes (del 3%) van a la ANSES, razón por la cual especialistas como el docente de la UBA Mario Ackerman señalan que se les quita alrededor de 3.300 millones de dólares a jubilados para dárselos al sector financiero privado.

También resultaron ganadoras las obras sociales y los bancos. En el primer caso, porque el oficialismo y sus aliados decidieron retrotraer la baja del 6% al 5% para los aportes en materia de salud. En el segundo, porque el proyecto no habilita el pago de salarios en billeteras virtuales, tal como lo reclamaban empresarios de las fintech, con el CEO de Mercado Libre, Marcos Galperín, como lobista principal.

En cambio, se mantuvieron los artículos que trastocan la vida laboral diaria de los empleados. Entre ellos se encuentran la creación de dos figuras: “salarios dinámicos” y “banco de horas”. La primera habilita a la patronal a negociar remuneraciones atadas a la productividad, metas y objetivos (y cambio de categorías). La segunda allana el camino a la parte empleadora para establecer los días y horarios de trabajo. Con respecto a las vacaciones, el oficialismo señala que se habilita el fraccionamiento siempre y cuando así lo establezcan los convenios colectivos de trabajo.

Por su parte, LLA negoció con la cúpula de la CGT sacar los artículos que minaban su recaudación. En concreto, los empleadores podrán seguir siendo agentes de retención de aportes sindicales (cuota solidaria y de afiliación) sin necesidad de que el empleado brinde su consentimiento explícito (al menos por dos años). La medida favorece también a las cámaras empresariales porque, al igual que con la CGT, no les tocarán los fondos.

“Es una ley de patrones para patrones”, apuntó José Mayans, jefe de la bancada peronista que se manifiesta en contra de la normativa.