El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) fue uno de los puntos más debatidos en el Congreso Nacional al tratar la Ley Bases.
De hecho, para los oficialistas libertarios se trata del corazón del proyecto, mientras que para un sector de la oposición es el régimen más perjudicial de la iniciativa del gobierno de Javier Milei.
El RIGI es un esquema que favorece a las empresas que inviertan desde 200 millones de dólares en:
- Minería, foresto-industria, energía, tecnología, petróleo y gas, infraestructura, siderúrgica y turismo
Los sectores comprendidos en el alcance tendrán beneficios fiscales, cambiarios y aduaneros por 30 años, periodo en el cual las Provincias y los Municipios no podrían aplicar regulaciones que vayan contra el régimen.
LA “CARNADA” PARA LOS “ALIADOS”
Los sectores colaboradores con Milei mantenían algunos reparos en aprobar el RIGI tal como estaba, de manera tal que el Senado incorporó un articulado para calmar los reclamos de los empresarios locales que la oposición calificó como “carnada de humo”:
- Se propone la compra a proveedores locales por un 20% de la totalidad del monto de inversión siempre y cuando “la oferta se encuentre disponible” y “a precio y calidad” de mercado.
SUS PROMOTORES
El RIGI fue impulsado por grandes empresas nacionales y extranjeras con intereses en la explotación de los recursos naturales y, además, por los Gobernadores de esas Provincias con reservas de minerales, tales como el cobre y el litio.
Como explicó BUUFO, Gustavo Sáenz admitió que dicho régimen fue promovido por empresas mineras con intereses en la Puna Salteña, particularmente en el cobre. Más tarde, al conformar la Mesa del Cobre, el Gobernador de Salta lo calificó como “histórico, inédito y generoso”.
Los críticos del RIGI sostuvieron que los beneficios (fiscales, aduaneros y cambiarios), el plazo de 30 años y la nula regulación para un encadenamiento de valor convierten al país en una economía de enclave similar a las que funcionan en África. De allí que lo llamaran un régimen anti-industria nacional que busca la extranjerización de los recursos.
