Narcotest: el Gobierno de Salta pedirá exámenes toxicológicos a funcionarios públicos

• La iniciativa fue impuesta por DNU a instancias del gobernador Gustavo Sáenz. El estudio será por sorteo, de forma espontánea y para los tres Poderes estatales.
• En Diputados ya había un proyecto en el mismo sentido, pero el saencismo puro dilató la discusión para no darle un triunfo político a Romero.

El gobernador Gustavo Sáenz firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que establece la realización obligatoria de exámenes toxicológicos para los funcionarios estatales (en ejercicio y para quienes deseen ingresar a la administración pública).

Los estudios serán sorpresivos mediante test rápidos homologados y, ante un resultado positivo, se habilitará una contraprueba a realizarse en laboratorios designados por sorteo. Se buscará detectar metabolitos de opioides, cannabinoides, cocaína, anfetaminas, benzodiacepinas y barbitúricos, entre otras sustancias.

La medida “tiene como principios rectores la transparencia y la idoneidad, entendiendo que la confianza de la sociedad en sus instituciones depende de que quienes las integran posean la plena aptitud física y psíquica para el ejercicio de sus responsabilidades”, informó el Gobierno.

“La sociedad demanda mecanismos de control que aseguren que quienes ejercen cargos públicos lo hagan libres de adicciones que puedan comprometer la objetividad e independencia. Esta es una medida preventiva”, sostuvo el mandatario salteño al comunicar el decreto a legisladores de su espacio.

Para Sáenz, “todos aquellos que tengan una responsabilidad en la función pública deben reunir estos requisitos”, desde el Gobernador hasta abajo. “He tomado la decisión de hacerlo de esta manera para que no sea una invitación, sino una obligatoriedad para todos. Es un hecho de transparencia”, explicó al respecto.

El titular del Ejecutivo Provincial se refirió a la implementación de un decreto que deberá ser tratado en la Legislatura y posteriormente convalidado (o no) por el Poder Judicial, en caso de que sea impugnado por posibles vicios de inconstitucionalidad.

La vocera gubernamental Ana Paula Benavides dijo en conferencia de prensa que la letra chica se conocerá con la reglamentación de la normativa, a publicarse en el Boletín Oficial tras el aval del Poder Legislativo.

No obstante ello, el tema tiene un condimento político: el exdiputado provincial Juan Esteban Romero fue uno de los promotores del narcotest, pero su proyecto nunca fue tratado en la Legislatura por la resistencia del saencismo puro que no quiso darle un triunfo político.

Según el titular de la Cámara de Diputados, Esteban “Tuty” Amat Lacroix, la iniciativa iba a generar “mucho debate” en las sesiones, con lo cual supuestamente se demoraría su puesta en vigencia. El legislador oriundo del departamento La Viña dijo que los exámenes serán impuestos hasta en la Policía, algo que en la información de Grand Bourg no figura. Lo podés escuchar abajo:

A CONTINUACIÓN, EL GOBIERNO INFORMA LOS DETALES DEL DECRETO Y SU ALCANCE

El DNU establece un régimen de control para los tres órganos del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), organismos de control y municipios.

• Cargos comprendidos. Gobernador, vicegobernador, ministros, jueces de la Corte, magistrados del Ministerio Público, legisladores provinciales, intendentes, concejales y todo personal que ingrese a estos organismos.
• Sustancias a detectar. El control incluye la detección de metabolitos de opioides, cannabinoides, cocaína, anfetaminas, benzodiacepinas y barbitúricos, entre otras sustancias psicoactivas prohibidas.
• Procedimiento. Los exámenes serán sorpresivos mediante test rápidos homologados. Ante un resultado positivo, se procederá a un análisis confirmatorio de mayor rigor científico en laboratorios habilitados y designados por sorteo, garantizando la cadena de custodia y el derecho de defensa (contraprueba).
• Consecuencias. Para cargos electivos o magistrados con estabilidad, el resultado positivo activará los mecanismos de remoción previstos por la Constitución (como el juicio político o jurado de enjuiciamiento). Para funcionarios designados, el positivo configurará causal de remoción.