Luis “Toto” Caputo realizó el primer programa de streaming del Ministerio de Economía de la Nación e hizo varios anuncios que ocuparon la agenda mediática, como la inminente habilitación de tarjetas de débito y crédito en dólares.
Sin embargo, tal vez lo más importante de ese programa fue la invitación de Caputo al abogado Ángel Liban Kusa, socio del Estudio Brochou Funes de Rioja y uno de los señalados como parte del equipo que redactó la Ley de Bases y el mega-DNU.
Liban Kusa fue presentado como un “especialista en lo que es el blanqueo” de capitales que promueve el Gobierno. Se trata de uno de los artífices de la redacción del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), entre otros capítulos que formaron parte de la desregulación económica que hasta ahora aplicó Milei.
Ahora se cree que esos mismos bufetes están asesorando a las grandes empresas- principalmente petroleras y mineras- para acceder al RIGI, precisa La Política Online. Por ese trabajo estarían cobrando entre el 1% y el 2% de la inversión total, cuyo piso es de 200 millones de dólares.

Caputo, Liban Kusa y los conductores del streaming de la cartera económica libertaria
Desde hace algunos años, Mallea también brinda clases sobre logística y regulación aduanera en la industria energética, dentro del posgrado de Hidrocarburos y Regulación Energética de la Universidad Católica Argentina (UCA), publicó La Nación.
El control de la Aduana despierta un interés particular en el Gobierno de Salta toda vez que Gustavo Sáenz ha promovido tiempo atrás la designación de personas de su confianza en el área. Uno de ellos es Gustavo Adolfo Cornejo San Miguel, cuñado de Sáenz que fue ascendido de inspector de la DGA al cargo de “Administrador de la Aduana de Salta”.

Cornejo San Miguel firmaba las resoluciones de AFIP por las cuales, entre otras cosas, se intimaba a personas a comparecer ante la Aduana para saldar deudas, según se desprende del Boletín Oficial de la República Argentina. Se desconoce si sigue en funciones, lo que no quita el rol estratégico de la Aduana para el comercio exterior y, por ende, en la actividad minera en la Puna salteña.
Cabe recordar que la Ley Bases- y el RIGI- fue aprobada por seis de los siete diputados nacionales por Salta: María Emilia Orozco, Julio Moreno Ovalle y Carlos Zapata de La Libertad Avanza y Pamela Calletti, Yolanda Vega y Pablo Outes de Innovación Federal (quienes responden a Sáenz).
En el Senado, por su parte, votaron en contra Sergio “Oso” Leavy y Nora del Valle Giménez de Unión por la Patria, mientras que el también exgobernador Juan Carlos Romero de “Cambia Federal” votó a favor.



