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- “Los resultados distan de las promesas iniciales”, señala un informe elaborado por institutos de investigación sobre el impacto del régimen de inversiones.
- El sector minero concentra la mayor cantidad de proyectos. La inversión total fue de 13.067 millones de dólares, una cifra considerablemente menor a la proyectada.
El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) fue uno de los puntos más debatidos en el Congreso Nacional cuando se trató la Ley Bases, el proyecto de reformas que envió el gobierno de Javier Milei a principios del año 2024.
Para el oficialismo se trataba del corazón del proyecto porque tal esquema buscaba la generación de inversiones en áreas claves del país: la minería, la foresto-industria, la energía y el petróleo y el gas.
En cambio, un sector de la oposición advirtió que era el capítulo más perjudicial puesto que alentaba la explotación de los recursos naturales sin darle valor agregado y con beneficios al capital extranjero en desmedro de la industria nacional.
A un año de la aprobación del RIGI, un informe sostiene que “los resultados distan de las promesas iniciales” porque sólo fueron aprobados 7 proyectos y se generaron apenas 1.000 empleos directos. Dos de ellos son en el área de hidrocarburos, otros dos en minería, otros dos en energías renovables y uno en siderurgia, el único con perspectiva industrial.
“La anunciada ‘avalancha de capitales’ aún no llegó, mientras que el régimen ya consolida beneficios extraordinarios para un puñado de grandes inversores”, apunta el trabajo del Observatorio del RIGI, conformado por institutos de investigación, académicos y organizaciones sociales.
Dicho informe precisa que se cursaron 19 solicitudes de adhesión al RIGI y señala que la inversión total generada hasta el momento es de 13.067 millones de dólares: “Una cifra mínima frente a los beneficios fiscales y cambiarios extraordinarios que otorga el régimen”.
En tal sentido, el Observatorio agrega que la inversión comprometida por la totalidad de los proyectos “ascendería a más de 30.760 millones de dólares” con especial impacto en las explotaciones de Vaca Muerta, en la Patagonia del país, y en la minería.
Sobre este último punto, se explica que el sector minero concentra la mayor cantidad de proyectos con 5 de ellos vinculados a la explotación el litio en las provincias de Salta y Catamarca, con una inversión estimada de 19.312 millones de dólares.
“En la búsqueda para salir de la crisis externa inminente, el gobierno apuesta a inversiones y exportaciones de hidrocarburos, profundizando el mandato exportador” sin siquiera reparar en “los potenciales daños ambientales, laborales o sociales que produzca, así como tampoco las concesiones institucionales que deba hacer”, indicó el Observatorio del RIGI, reconstruye NA.
El Observatorio del RIGI está conformado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (CEPPAS), la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín (EPyG/UNSAM), el Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad (ETFE), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y el Transnational Institute (TNI).
SUS PROMOTORES
El RIGI fue impulsado por grandes empresas nacionales y extranjeras con intereses en la explotación de los recursos naturales y, además, por los Gobernadores de las Provincias con reservas de minerales con potencial en el mercado local e internacional, tales como el cobre y el litio, claves en el proceso de transición energética.
Como explicó BUUFO, el mandatario salteño Gustavo Sáenz admitió que dicho régimen fue promovido por empresas mineras con intereses en la Puna Salteña, particularmente en el cobre. Más tarde, al conformar la Mesa del Cobre, el Gobernador de Salta lo calificó como “histórico, inédito y generoso”.
Los críticos del RIGI, por otro lado, sostuvieron que los beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios, el plazo de 30 años y la nula regulación para un encadenamiento de valor convertirían al país en una economía de enclave similar a las que funcionan en África. De allí que lo llamaran un régimen anti-industria nacional que busca la extranjerización de los recursos.
Como sea, el RIGI se aprobó con los votos de legisladores nacionales de La Libertad Avanza y también de sus aliados, como del PRO o de Innovación Federal. En este último bloque se encuentran los salteños Pablo Outes, Yolanda Vega y Pamela Calletti, quienes responden a Sáenz.
UN RECHAZO
A fines del mes de julio el Gobierno nacional rechazó la solicitud de adhesión al RIGI que presentó Ganfeng, la empresa de capitales chinos que buscaba ampliar su capacidad en el proyecto de litio ‘Mariana’, ubicado en la Puna de Salta.
La iniciativa fue inaugurada en mayo del año 2022 con presencia de Sáenz y de los empresarios Xiaoshen Wang y Jason Luo. “Es uno de los proyectos que más expectativas nos genera; un hito para la minería salteña y argentina”, había expresado el Gobernador en tal oportunidad.
De acuerdo con fuentes gubernamentales, la inversión inicial de Ganfeng Lithium fue de 600 millones de dólares, pero con las obras complementarias ascendió a unos 980 millones de dólares. El proyecto incluía el desarrollo de un parque solar fotovoltaico de 120 megavatios para suministrar energía a la planta del Salar de Llullaillaco y, además, una planta de producción de cloruro de litio en el Parque Industrial del departamento General Güemes, que fue inaugurada también por Sáenz y los empresarios chinos en febrero de este año 2025.
ANTES:
RIGI: el Gobierno rechazó un proyecto de litio en Salta y podrían generarse despidos
La adhesión al RIGI de la compañía china fue rechazado porque “no cumplía con los requisitos de ingreso al régimen, entre ellas la obligación de inversiones mínimas requeridas para los próximos dos años”, según explicó el ministro de Economía Luis “Toto” Caputo.
La mesa del régimen de incentivos a las grandes inversiones dio luz verde a los siguientes proyectos:
- Galán Lithium, de Australia, que desarrolla el proyecto “Hombre Muerto West” en Catamarca por U$S 217 millones. La planta de cloruro de litio ya está en marcha y la producción comenzaría en el 2026, con proyecciones poro hasta 20.850 toneladas por año de carbonato de litio.
- Rio Tinto en su planta de litio en la zona de Rincón, en la Puna de Salta, con inversión por US$2.724 millones.
- YPF LUZ – Parque Solar El Quemado y anexos que se establecerá en la localidad de Las Heras, provincia de Mendoza. Se realiza junto con la firma mendocina de energía EMESA y contempla una inversión de US$211 millones. Entraría en marcha en el primer trimestre del año 2026.
- Southern Energy, que firmó acuerdo con Golar LNG para sumar un segundo buque de licuefacción al proyecto de producción y exportación de gas natural licuado (GNL), anunció una inversión de US$6.878 millones. La iniciativa fue impulsada por YPF y también PAE, Pampa Energía y Harbour. Los barcos estarán en las aguas del Golfo San Matías, en el Atlántico Sur, a la altura de las costas de la provincia de Río Negro.
- Vaca Muerta Oleoducto Sur (VMOS), que también tiene a YPF como principal accionista. Se trata de oleoducto de 437 kilómetros de extensión que conectará la localidad de Allen con Punta Colorada, en la provincia de Río Negro. Anunció una inversión de US$ 2.486 millones.
- SIDERSA, firma que anunció una nueva planta de aceros largos en la localidad de San Nicolás (Provincia de Buenos Aires) por US$296 millones. Tiene una capacidad de 360.000 toneladas anuales y es el primer proyecto que contempla el plano industrial.
- Generación Eléctrica Argentina Renovable (GEAR 1 S.A.): creación de un Parque eólico en la localidad de Olavarría, provincia de Buenos Aires. La iniciativa comprende un monto de inversión de 255 millones de dólares.
A su vez, quedan en revisión del comité del RIGI otros cuatro proyectos: 2 de litio (de la firma surcoreana Posco y del gigante Río Tinto), Gualcamayo (Oro y Plata) y Los Azules (cobre).
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