El Gobierno disuelve la Agencia Nacional de Discapacidad tras un brutal ajuste y en medio de un escándalo de corrupción

• El Gobierno nacional anunció la eliminación de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que dejará de existir como organismo descentralizado y pasará a depender del Ministerio de Salud.
• La decisión fue comunicada por el vocero presidencial Manuel Adorni, quien justificó la medida en presuntas “irregularidades” administrativas, aunque evitó mencionar el escándalo de coimas que salpica a funcionarios cercanos a Javier Milei.

La disolución de la ANDIS se produce luego de meses de recortes sobre el sector de discapacidad y del incumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad sancionada por el Congreso. Aun así, Adorni buscó bajar el impacto político de la decisión y aseguró que “esto no significa que se vayan a cortar pensiones”, aunque no brindó precisiones sobre cómo se garantizarán los derechos de las personas con discapacidad en el nuevo esquema.

“Tal como está hoy, la Agencia Nacional de Discapacidad dejará de existir y será absorbida por el Ministerio de Salud”, afirmó el funcionario en conferencia de prensa. Según explicó, el objetivo sería “transparentar al infinito” el área y “recortar estructura inútil”, una narrativa habitual del Gobierno para justificar cierres y achiques del Estado.

Sin embargo, el anuncio omitió un dato central: la ANDIS está atravesada por una causa judicial de alto voltaje político. El organismo quedó en el centro de un escándalo tras la difusión de audios atribuidos a su exdirector Diego Spagnuolo, exabogado y amigo personal del presidente Milei, donde se hablaba del pago de coimas en la compra de medicamentos y se mencionaba a figuras clave del oficialismo como Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem.

Pese a ese antecedente, Adorni evitó cualquier referencia a la investigación judicial y enumeró supuestas irregularidades como pensiones cobradas por familiares de personas fallecidas, beneficios otorgados sin documentación válida, médicos que avalaban trámites sin respaldo clínico y organizaciones que habrían facturado sin prestar servicios. Todo fue expuesto sin presentar datos concretos ni responsables identificados.

Mientras tanto, la causa ANDIS avanza en Comodoro Py. Días atrás se negó a declarar Ornella Calvete, exfuncionaria del Ministerio de Economía y hija de Miguel Ángel Calvete, señalado como presunto jefe de una asociación ilícita vinculada a contrataciones con prestadores del organismo. En un allanamiento realizado en octubre, la Justicia secuestró cerca de 700 mil dólares y más de 19 millones de pesos en su domicilio, sin que hasta el momento se haya justificado el origen de esos fondos.

En la investigación también surgieron conversaciones comprometedoras entre Ornella Calvete y su padre, en las que se hablaba de negocios, reuniones clave y promesas de lujos si “todo salía bien”, lo que refuerza las sospechas sobre un entramado de corrupción en el corazón del área de discapacidad.

Lejos de despejar dudas, el cierre de la ANDIS abre nuevos interrogantes: ¿se trata de una verdadera política de transparencia o de una maniobra para licuar responsabilidades y desactivar un organismo atravesado por denuncias que incomodan al poder? Mientras el Gobierno promete control y eficiencia, las personas con discapacidad vuelven a quedar atrapadas entre el ajuste, la incertidumbre y un escándalo que nadie parece querer explicar del todo.