El Senado analizó un proyecto de ley que exige a aspirantes a cargos docentes o no docentes no tener antecedentes penales por delitos sexuales. Durante un encuentro con funcionarios del Ministerio de Educación, se acordó ampliar la iniciativa para incluir a personal ya en funciones.
Desde el Ministerio, se destacó la importancia de abarcar también a quienes ya trabajan en el sistema educativo. La normativa actual resuelve estos casos por vía administrativa, pero la nueva ley permitiría actuar de manera más eficiente, respetando el principio de inocencia y reduciendo los plazos judiciales.
J.S.
