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- Un reciente mapa interactivo elaborado por investigadores del Observatorio de Tierras muestra que alrededor del 5% del territorio argentino —más de 13 millones de hectáreas— está en manos de propietarios extranjeros, con concentraciones alarmantes en zonas con recursos estratégicos.
- El hallazgo coincide con el intento gubernamental de modificar la Ley de Tierras y flexibilizar las restricciones, en un contexto de fuertes cuestionamientos desde sectores sociales y académicos.
Una investigación del Observatorio de Tierras, conformado por especialistas del CONICET y la Universidad de Buenos Aires (UBA), reveló que cerca de 13 millones de hectáreas del suelo argentino —una extensión similar a la de Inglaterra— se encuentran bajo dominio de personas o empresas extranjeras. Esa cifra representa aproximadamente el 5% del territorio nacional.
La herramienta cartográfica, diseñada por los investigadores Julieta Caggiano y Matías Oberlin, fue construida con base en solicitudes de acceso a la información pública al Registro Nacional de Tierras Rurales y permite visualizar con precisión qué departamentos superan los límites de propiedad extranjera establecidos por la legislación vigente.
Departamentos críticos y recursos estratégicos
El mapa interactivo identifica 36 departamentos que ya exceden el límite legal del 15% de tierras en manos de extranjeros fijado por la Ley 26.737 (Ley de Tierras). Entre los casos más extremos figuran:
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Lácar (Neuquén)
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General Lamadrid (La Rioja)
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Molinos y San Carlos (Salta)
En estas zonas, más de la mitad del territorio pertenece a propietarios con capital extranjero.
Además, otras regiones importantes como Iguazú (Misiones), Ituzaingó y Berón de Astrada (Corrientes) o Campana (Buenos Aires) presentan altos porcentajes —por encima del 30%— de tierra bajo control foráneo, muchas de ellas vinculadas a accesos fluviales y corredores logísticos claves.
Los investigadores advierten que estos puntos rojos del mapa no son azarosos: coinciden con territorios que contienen recursos estratégicos como agua dulce, minerales críticos, litio y zonas de importancia logística y geográfica.
Quiénes son los propietarios extranjeros
Según el relevamiento, la tenencia extranjera está liderada por:
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Estados Unidos: aproximadamente 2,7 millones de hectáreas
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Italia
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España
Estas tres nacionalidades concentran cerca de la mitad de toda la tierra extranjerizada en Argentina.
Cuestión legal y debate público
La Ley 26.737, sancionada en 2011, fija límites a la propiedad foránea de tierras rurales para preservar la soberanía territorial y el control de recursos estratégicos. Sin embargo, el mapa del Observatorio demuestra que, pese al cumplimiento provincial, a nivel de departamentos y localidades esos límites ya fueron superados en muchos casos.
Este hallazgo se produce mientras el Gobierno nacional impulsa la modificación o derogación de la Ley de Tierras, en línea con un proyecto que permitiría una mayor flexibilización de la venta de tierras a extranjeros —incluyendo zonas incendiadas o con recursos naturales— con el argumento de atraer inversiones productivas.
Críticos de esa iniciativa sostienen que la desregulación no apunta a un verdadero desarrollo productivo, sino a facilitar la apropiación de bienes comunes no reproducibles como el agua o los minerales. Diversos sectores sociales y académicos advierten que derogar las protecciones existentes redistribuiría quién decide, quién accede y quién queda afuera de los territorios más sensibles del país, con efectos negativos sobre la soberanía nacional.
Contexto socioambiental y geopolítico
La preocupación por la extranjerización adquiere mayor relevancia en un momento donde la gestión de recursos naturales —agua, energía y minerales críticos— está en el centro de la discusión global. Los investigadores ubican la expansión de la propiedad foránea en un proceso histórico que se intensificó desde fines de los años noventa, con políticas que facilitaron la transferencia de tierras en fronteras y regiones de recursos.
Además, sostienen que este fenómeno no es sólo un aspecto jurídico o económico: tiene implicancias directas sobre la seguridad alimentaria, el desarrollo regional y la capacidad del Estado para regular el uso del territorio en beneficio del conjunto de la población.
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