- La diputada libertaria Lourdes Arrieta reveló las conversaciones de sus compañeros de bancada, un cura y abogados para lograr la excarcelación de los represores.
- ¿Qué papel tuvieron Orozco y su coterráneo Carlos Zapata?
Primero dijo que no participó de la visita al penal de Ezeiza y que “no hay pruebas” del encuentro de los integrantes de La Libertad Avanza con los represores que cumplen condenas por delitos de lesa humanidad. Después justificó la excursión aduciendo que querían “conocer la historia por sus propios medios” y aseguró que no fue una visita institucional a pesar de que se utilizó un vehículo de la Cámara de Diputados. Y, finalmente, terminó fustigando contra su compañera de bancada Lourdes Arrieta por filtrar los chats que confirman su participación en el plan de impunidad.
Este es el derrotero de la diputada salteña María Emilia Orozco, quien quiso despegarse de las medidas que lleva adelante el partido de gobierno para excarcelar a los genocidas condenados por secuestros, torturas, desapariciones forzosas, asesinatos y apropiaciones de bebes durante la última dictadura cívico-eclesiástica-militar.
La coartada de Orozco se fue desarmando con el correr de los días.
Tras sus declaraciones, realizadas en el programa de este medio- Sapo de Otro Pozo (Radio Universidad 93.9)- se publicó la foto de seis legisladores libertarios con los represores Alfredo Astiz, Raúl Guglielminetti, Adolfo Donda, Adolfo Bonza, Miguel Britos, Mario Alfredo Marcote, Agustín Olazabal, Julio Arguello, Manuel Cordero y Carlos Suarez Masón.
A la par, el diario digital “Data Clave” reveló un documento del Servicio Penitenciario en el cual se informa sobre la visita libertaria a genocidas. “Para entrevistar a la población de Lesa Humanidad, autorizado por la superioridad”, dice el registro. Entre los nombres escritos figura “Orozco María”; Guillermo Montenero, Lourdes Arrieta, Rocío Bonacci y otros.
Tal como explicó BUUFO, Orozco negó su participación en el encuentro (en rigor, no figura en la foto en cuestión) e intentó ocultar su involucramiento en el plan de impunidad bajo el velo de un proyecto de reforma del sistema penitenciario.
“En mi caso, por ejemplo, que tengo este proyecto de las cárceles, no solamente tendría que visitar el penal de Ezeiza sino muchos otros. Imagínate que por ir a Ezeiza ahora digan que, no sé, me reuní con los presos porque tienen delitos por lesa humanidad. O sea, es una barbaridad. Primero tienen que presentar las pruebas y luego hacer las denuncias correspondientes y que la constitución de la comisión de juicio político haga lo propio evaluando todas las pruebas, pero no hay constancia de que eso haya sucedido”, dijo.
La diputada nacional Pamela Calletti, sin embargo, confirmó la existencia del libro de registro de ingreso al Servicio Penitenciario y pidió que Orozco aclare su situación. “Salió de la Cámara de Diputados hacia Ezeiza- según el registro de la Cámara- e ingresó al penal. Bueno, habrá que aclarar si hubo un error o entró alguien con su nombre y porqué. Me parece importante que se aclare porque es muy grave”, afirmó a este medio la titular del bloque Innovación Federal.
Ahora la diputada libertaria Lourdes Arrieta decidió filtrar los chats que revelan la organización de la visita al penal de Ezeiza, cuyo centro de operaciones fue la sede de la Fundación San Elías en calle Montevideo 871 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que maneja el cura Javier Olivera Ravasi, un religioso cercano a la vicepresidenta Victoria Villarruel e hijo del represor Jorge Olivera (conocido como “El Carnicero” por sus torturas durante el terrorismo de estado).
Olivera Ravasi agregó a Orozco al grupo, le dio la bienvenida y la anotó en la lista de quienes se reunirían de forma “reservada” por “tema proyecto milit”. También figuran los abogados: Enrique Munilla Lacasa (defensor de Leopoldo Fortunato Galtieri y Jaime Lamont Smart, entre otros represores), Edgardo Frola (miembro del gobierno de facto de Ibérico Saint Jean en Buenos Aires), Eduardo Rafael Riggi (designado en el Poder Judicial por Jorge Rafael Videla y encumbrado camarista durante el menemismo), María Laura Olea (hija de Enrique Braulio Olea, exjefe de Batallón de Ingenieros donde torturaban personas en Neuquén, abogada de múltiples represores) y Ricardo Saint Jean (hijo del exgobernador de facto Ibérico Saint Jean).
En el chat, Enrique Munilla Lacasa comparte un documento denominado “Causas escandalosas” y explica que se trata de un texto del Dr. Jaime L. Smart, “preso desde hace 15 años por supuestos delitos de lesa humanidad que carecen de toda prueba”. La diputada Lemoine reacciona con un emoji del pulgar para arriba, “demostrando que estaba al tanto de todo lo que ocurría en ese grupo”, dice Arrieta.
Luego el mismo abogado envía otro documento titulado “Otra canallada de la justicia K” y agrega: “El tema del plazo razonable es fundamental. Pero también deben atenderse los casos en que la Justicia actúa (en presente) escandalosamente que son la gran mayoría”. Seguidamente el diputado Beltrán Benedit, quien dijo que había tenido una reunión con la ministra de Seguridad Patricia Bullrich para coordinar con el titular del Servicio Penitenciario la visita a genocidas, escribe: “En plan de accionar en distintos frentes y de manera conjunta vayamos pensando a quienes podemos ir enviando a Agustina Díaz Cordero”.
Díaz Cordero fue asesora de German Garavano, ministro de Justicia en el gobierno de Mauricio Macri, y actualmente es integrante del Poder Judicial desempeñándose además como vicepresidenta del Consejo de la Magistratura. Su participación es clave porque Ricardo Saint Jean pide hacer un juicio político a los jueces Alejandro Slokar y Alejandra Ledesma por un fallo en una causa por lesa humanidad. El padre Olivera Ravasi se ofrece a ser nexo con Díaz Cordero y confirma que estuvo en la primera reunión.
Siguiendo con la filtración de Arrieta, se informa la creación de otro grupo de WhatsApp llamado “Proyecto decreto”. En el mismo se agregan a varios diputados de LLA, entre los que figuran nuevamente los salteños Zapata y Orozco. El 23 de abril se envía un video de Ravasi y un proyecto de decreto reglamentario que piden no reenviar para que no se haga público. “El secreto de este tema es el secreto…”, sugiere el padre, a lo que Orozco reacciona asintiendo con un pulgar para arriba.
Los chats publicados por Arrieta continúan con las repercusiones de la visita a genocidas que ya se había filtrado en la prensa. “Habrán visto las repercusiones. Elaboramos un comunicado los que fuimos el jueves y del Ejecutivo no nos autorizan a publicar. Que la noticia mañana termina”, dice la diputada Alida Ferreyra. Y Beltrán acota: “un ejecutivo al que le tiempla el pulso para permitirnos sacar un comunicado”.
Por esos comentarios Arrieta señala que el tema “no es la agenda de Javier Milei”, exculpándolo de toda duda. “Claramente, estos diputados tienen otra agenda, y no reparan en tildar al pte. De blando por templarle el pulso al no imponer la agenda que ellos proponen. Entonces ¿a quién responden? Si admiten que el Ejecutivo los freno, ¿quién es su líder político?”, apunto la legisladora de Mendoza.
Luego se añade una captura de pantalla de otro grupo, llamado “VISITA”, en el cual el diputado Montenegro comenta: “me pidieron del ejecutivo que no subamos el comunicado y no hablemos con la prensa. Los van a llamar a cada uno”. Otra vez Ferreyra y Benedit ningunean a Milei y hasta se jactan de haber ido a Campo de Mayo y “nadie supo”.
Por último, los diputados libertarios planean la eliminación de las fotografías y documentos que sirven de prueba en la causa. Arrieta añade una conversación con Santiago Cossimano, vocero de Menem en el Congreso que le pide tener paciencia porque “el tema estaba pasando” y que desea que “no se filtren” las fotos con los represores.
“Además, seguiré denunciando públicamente todas las pruebas que tengo en mi poder hasta que el Congreso constituya una Comisión Investigadora para determinar las responsabilidades de quienes visitamos la cárcel de Ezeiza, como fines reales y el origen de grupos ocultos de poder”, concluye Arrieta en su publicación.
