Gustavo Sáenz envió dos proyectos a la Cámara de Diputados que establecen la adhesión de la Provincia de Salta al Paquete Fiscal y al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), ambas medidas presentadas por el gobierno de Javier Milei y aprobadas en el Congreso de la Nación semanas atrás con la votación de la Ley de Bases.
Los dos expedientes forman parte del acta de labor parlamentaria de la sesión convocada para este martes. Ninguno cuenta con dictámenes de las Comisiones pertinentes (Minería, Producción, Hacienda y Presupuesto, Legislación General), todas ellas presididas por alfiles que responden a Sáenz, al presidente del cuerpo Esteban “Tuty” Amat Lacroix y al senador nacional Juan Carlos Romero.
A pedido de Sáenz, el legislador por La Viña apuró un encuentro con el ministro Martin De los Ríos (Producción), Romina Sassarini (secretaria de Minería) y Diego Dorigato (coordinador del ministerio) para que reiteren los beneficios que traería el régimen (inversiones y empleo) antes de que las críticas opositoras y de organizaciones intermedias permeen en la agenda pública.
Es que un nutrido grupo de organizaciones sociales, comunidades indígenas, sindicatos y organizaciones civiles de todo el país lideran una campaña a nivel nacional para que las Provincias rechacen el RIGI. Y Salta no fue la excepción: el 9 de agosto ingresó al edificio de Mitre 550 una nota solicitando el rechazo al RIGI.
La misiva, que fue dirigida a todas las Comisiones, sostiene que el régimen “sólo beneficia durante 30 años a las megaempresas internacionales a costa del ecocidio y genocidio de los Pueblos Originarios de la provincia de Salta, que tiene la mayor cantidad de etnias del territorio de la República Argentina”.
Además del presidente “Tuty” Amat, son las autoridades de las comisiones involucradas como competentes las que marcarían el ritmo del tratamiento: Patricia Hucena del bloque “Justicialista Gustavo Sáenz Conducción” preside Hacienda y Presupuesto; Socorro Villamayor de “Salta Tiene Futuro” preside la de Legislación General; Néstor Parra Ruiz de los Llanos lo hace en la de Producción y Juan Esteban Romero también de “Salta Tiene Futuro” conduce la de Minería. Todos del mismo proyecto político.
Como explicó BUUFO, Sáenz admitió que el RIGI fue promovido por empresas mineras con intereses en la Puna Salteña, particularmente en el cobre y el litio, y lo calificó como “histórico, inédito y generoso”.
Se trata de un esquema que favorece a las empresas que invierten desde 200 millones de dólares. Se ofrecen beneficios fiscales, cambiarios y aduaneros por 30 años, tiempo por el cual las Provincias y los Municipios no podrán aplicar regulaciones sobre sus propios recursos naturales.
Flavia Royón, exsecretaria de Energía y Minería de Salta y también del área de Minería de la Nación durante el gobierno de Alberto Fernández, sostuvo que el régimen es “necesario” pero planteó reparos en torno a los beneficios aduaneros y el impacto en el desarrollo de proveedores locales, tal como lo resaltaran empresarios al exponer en el Congreso.
“El RIGI es perfectible; tiene sus defectos, pero es necesario”, dijo Royón al programa “Pasaron Cosas”. Si bien la ex funcionaria destacó las exenciones impositivas y la libre disponibilidad de divisas que otorga dicho régimen, también señaló: “El desarrollo de los recursos naturales va a venir cuando haya contratación de la mano de obra local”.
Y comparó: “En Vaca Muerta los grandes jugadores son YPF, PAE, Pampa, todas empresas argentinas. Pero en minería sí se da mucho la inversión extranjera. Construyen el proyecto, contratan afuera, importan maquinaria y eso atenta en la capitalización del desarrollo del recurso en beneficio de la sociedad”.
En Diputados no hay casi ya voces opositoras, de manera tal que, con la negativa a tratar la adhesión invitando a un debate a las comunidades indígenas y otras organizaciones, el proyecto se aprobaría sin mayores sobresaltos.
(E.F.)
