- El Gobernador Sáenz logró el apoyo de politicos y empresarios y se mostró «feliz» por la aprobación del capitulo fiscal sobre la actividad tabacalera.
- Un repaso por los apoyos de cara al 17 de junio y el contexto en el cual se produjo el encuentro del mandatario salteño con representantes del sector privado.
Luego de la aprobación de la Ley Bases y del Paquete Fiscal en el Senado, el gobernador Gustavo Sáenz sumó los apoyos de la Sociedad Rural, la Cámara de la Construcción, la Cámara de Turismo y representantes del comercio para firmar el llamado “Pacto de Güemes”, la convocatoria que busca exhibir musculatura política ante Nación y conseguir financiamiento para obras.
Sáenz destacó la aprobación del capítulo fiscal para la actividad tabacalera- que sube el impuesto a los cigarrillos de 70 a 73 por ciento– y dijo estar “feliz porque nadie creía ni pensaba que era posible hacerlo” y porque los productores del agro recibirían mayores recursos mediante el Fondo que canaliza lo recaudado por el fisco.
Además, el mandatario sostuvo que fue la “cara visible” en la pelea contra el “Señor Tabaco”, el apodo que Javier Milei le puso a Pablo Otero de Tabacalera Sarandí, la firma que logro fallos judiciales a su favor para no pagar el impuesto interno que impusieron las multinacionales Philip Morris y British American Tobacco.
Así, el mandatario provincial enumeró algunas de las obras que la nación se comprometió a reanudar: Tramos de la Ruta Nacional 51, el Aeropuerto Martín Miguel de Güemes, la ruta 9/34 Rosario de la Frontera – Metán, las plantas depuradoras de la ciudad de Salta y de Cafayate, Ciudad Judicial de Orán, puente de Vaqueros y circunvalación, entre otras.
Lo respaldaron Juan Carlos Segura, presidente de la Cámara de la Construcción; Javier Cerusico, presidente de la Cámara de Comercio Exterior; Joaquín Elizalde de la Sociedad Rural de Salta, Jorge Banchik de COZOFRA-UIA, Dante Apaza de la Zona Franca y Juan Lucero de la Cámara de Turismo, entre otros dirigentes empresariales.
LEY TABACO
En concreto, se busca el incremento del Impuesto Interno a los cigarrillos al pasar de 70% al 73% y la eliminación del Impuesto Mínimo. La iniciativa contaba con el apoyo de las empresas nucleadas en la Cámara Nacional de Empresas Tabacaleras de la República Argentina (CANET) cuyos integrantes se encuentran en por lo menos siete provincias: Salta, Tucumán, Chaco, Jujuy, Catamarca, Misiones y Corrientes.
Un sector de la Libertad Avanza + PRO había quitado este capítulo en la Ley Bases. El Gobierno explicó que no querían que el tema derivara en el naufragio del proyecto en general por el lobby cruzado de la Tabacalera Sarandí de Pablo Otero y las multinacionales comandadas políticamente por la Philips Morris.
Otero fue señalado como un lobista en el Congreso para frenar el proyecto de ley puesto que su firma no paga el impuesto mínimo desde hace varios años gracias a fallos judiciales. Según reveló Carlos Pagni en La Nación, los diputados Carlos Zapata (LLA-Salta), Diego Santilli y Cristian Ritondo del PRO fueron quienes se opusieron a tratar el texto, maniobra que favorecería a Sarandí.
De hecho, el empresario Otero fue apuntado por el propio Milei, quien lo apodó “El Señor Tabaco”, y por el gobernador salteño Gustavo Sáenz, quien salió al cruce público en reiteradas oportunidades.
Si bien los salteños Pablo Outes, Yolanda Vega y Pamela Calletti fueron los principales promotores de esta suba de impuestos en el Congreso, a pedido de Sáenz, quienes lo presentaron en el recinto fueron la radical jujeña Natalia Sarapura y el “lilito” Juan Manuel López del bloque Hacemos Coalición Federal.
Tanto la salteña Calletti como sus pares del amplio sector “colaborador” con el gobierno de Milei sostuvieron que la suba de impuestos redunda en una mayor recaudación del fisco nacional y de las provincias, además del aporte a los productores tabacaleros beneficiados por el Fondo Especial del Tabaco. En el Senado hizo lo propio el salteño Juan Carlos Romero.
RIGI
El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones fue uno de los puntos más debatidos en el Congreso Nacional al tratar la Ley Bases. De hecho, para los oficialistas libertarios se trata del corazón del proyecto, mientras que para un sector de la oposición es el régimen más perjudicial de la iniciativa del gobierno de Javier Milei.
El RIGI es un esquema que favorece a las empresas que inviertan desde 200 millones de dólares en:
- Minería, foresto-industria, energía, tecnología, petróleo y gas, infraestructura, siderúrgica y turismo
Los sectores comprendidos en el alcance tendrán beneficios fiscales, cambiarios y aduaneros por 30 años, periodo en el cual las Provincias y los Municipios no podrían aplicar regulaciones que vayan contra el régimen.
BENEFICIOS
Exenciones impositivas, beneficios aduaneros y cambiarios del RIGI:
- • Baja Impuesto a las Ganancias del 35% al 25%
- • IVA de 0% (las empresas pagan 21%)
- • Retenciones cero a exportaciones y nulo control de abastecimiento interno
- • Arancel cero para importación de maquinaria.
- • Liquidación de los dólares de apenas un 20% luego de dos años; 40% en tres y de 100% en cuatro.
- • Amortización acelerada para las inversiones
LITIGIOSIDAD
Argentina renuncia a litigar en tribunales del país dejándole a las empresas la posibilidad de recurrir al CIADI (controlado por el Banco Mundial)
Los sectores colaboradores con Milei mantenían algunos reparos en aprobar el RIGI tal como estaba, de manera tal que el Senado incorporo un articulado para calmar los reclamos de los empresarios locales:
Se propone la compra a proveedores locales por un 20% de la totalidad del monto de inversión siempre y cuando “la oferta se encuentre disponible” y “a precio y calidad” de mercado.
El RIGI fue impulsado por grandes empresas nacionales y extranjeras con intereses en la explotación de los recursos naturales y, además, por los Gobernadores de esas Provincias con reservas de minerales, tales como el cobre y el litio.
Como explicó BUUFO, Gustavo Sáenz admitió que dicho régimen fue promovido por empresas mineras con intereses en la Puna Salteña, particularmente en el cobre. Más tarde, al conformar la Mesa del Cobre, el Gobernador de Salta lo calificó como “histórico, inédito y generoso”.
Los críticos del RIGI sostuvieron que los beneficios (fiscales, aduaneros y cambiarios), el plazo de 30 años y la nula regulación para un encadenamiento de valor convierten al país en una economía de enclave similar a las que funcionan en África. De allí que lo llamaran un régimen anti-industria nacional que busca la extranjerización de los recursos.
