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- “Asumo el error de que en los considerandos no se haya explicado claramente el espíritu de la ley”, dijo el Gobernador tras el revuelo que despertó la iniciativa.
- Sáenz puso paños fríos, pidió a la Legislatura hacer cambios y dijo que él sabe lo que es el PAMI porque está pronto a jubilarse. También habló de sobrefacturación en la obra social estatal que intervino.
Gustavo Sáenz dedicó varios minutos de su conferencia sobre la “simplificación y reducción tributarias” para poner paños fríos en la opinión pública luego del revuelo que generó la difusión de un proyecto enviado la semana pasada a la Legislatura que busca transferir los jubilados del Instituto Provincial de la Salud de Salta (IPS-S) al PAMI.
El Gobernador les pidió a los afiliados a la obra social estatal “quedarse tranquilos” y dijo que “los legisladores tienen que modificar lo que entiendan que se debe cambiar” y “hacer lo que entiendan que tienen que hacer” porque “si no para qué están”.
“Asumo el error de que en los considerandos no se haya explicado claramente cuál es el espíritu de este proyecto de ley” que es “recopilar” documentos del IPSS y analizar todo lo referido “desde que se trasladó la caja de jubilaciones al PAMI”, dijo Sáenz.
Y siguió: “Entonces, quédense tranquilos queridos jubilados y los que se están por jubilar también. Nunca estuvo en el espíritu ni en el corazón de este Gobernador quitarles la obra social (…). En los considerandos faltó decirles a los legisladores que recopilen toda la información”.
Luego Sáenz habló sobre la relación ingresos/cuota de los afiliados a la obra social estatal y volvió a reconocer que está en déficit, atribuyéndole la causa al aumento de los medicamentos y al desfase entre lo que se cobra por el servicio.
“No pueden aquellos que cobran más de 3 millones de pesos pagar cuotas de 50, 25 o 18 mil pesos por una obra social, cuando en el sector privado mínimo pagan entre 600 y 800 mil pesos el grupo familiar. No puede hacerse cargo el Estado porque, en definitiva, son ustedes los que se hacen cargo de ese déficit”, afirmó el mandatario salteño.
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Seguidamente el gobernador Sáenz dijo que «hay que auditar cada una de las cosas que se hacen» y sugirió que hubo sobrefacturación con las internaciones. «No es posible que un afiliado del IPS que se ha internado por dos días aparezca en el sistema que ha sido internado por cinco días, cuando esto no fue así. No es posible que un afiliado del IPS que ha sido internado, y que le hayan hecho una cantidad enorme de estudios que quizás no eran necesarios hacerlos, porque lo termina pagando el IPS, ustedes, el Estado«, denunció.
EL PROYECTO
Si bien el texto ingresó a la Cámara de Diputados el 14 de mayo, cuando Sáenz encabezó una reunión de Gabinete, su difusión en la prensa provincial se produjo una semana después: el miércoles 21 de mayo.
El escrito firmado por Sáenz y por la secretaria de la gobernación Matilde López Morillo comienza relatando la necesidad de que la Provincia adhiera a la Ley Nacional N° 25.649 que establece que los medicamentos deben ser recetados con el nombre genérico de la droga y evitar la prescripción de marcas.
Como explicó BUUFO, tiempo atrás el interventor del IPSS Emilio Savoy pidió a los médicos salteños cumplir con la Ley de Genéricos, normativa impulsada por el exministro de salud de Néstor Kirchner, el sanitarista Ginés González García.
El proyecto presentado señala que la obra social estatal reconocerá «solamente» y «en los porcentajes que correspondieren» los medicamentos recetados de forma genérica; es decir, se habilita el rechazo a las prescripciones que no cumplan con tal premisa.
SOBRE EL TEMA:
Al cierre del texto- que presenta serios errores en su redacción, algunos de ellos reconocidos por Sáenz- se menciona la parte polémica: el desprendimiento de los jubilados del IPSS, para su transferencia al Instituto Nacional de Servicios Sociales Para Jubilados y Pensionados (PAMI).
“Los afiliados del IPS cesarán su condición de tal al momento de obtener su jubilación, medida que se adopta en el marco de la normalización de la entidad, con el propósito de adoptar herramientas que tiendan a evitar el desfinanciamiento de la obra social, teniendo en cuenta que en el momento de obtener jubilación, los beneficiarios pasan a obtener la cobertura” del PAMI.
ANTES:
Sáenz admitió que el IPSS está en déficit por las fuertes subas de medicamentos y prestaciones
EL ANTICIPO
Algo de la iniciativa de Sáenz fue anticipada durante la Asamblea Legislativa realizada el pasado 1° de Marzo, cuando se refirió a la intervención del Instituto Provincial de la Salud de Salta (IPSS) que dispuso días atrás mediante el decreto N°108/25.
Los afiliados del IPS cesarán su condición de tal al momento de obtener su jubilación
«A pesar del contexto económico adverso, provocado especialmente por el incremento de los precios de los medicamentos e insumos médicos, que alcanzaron hasta el 500%, el IPSS trabajó para que sus 280.000 afiliados reciban en tiempo y forma las prestaciones», planteó Sáenz.
Y siguió: «La creciente disparidad entre los ingresos de la obra social y los costos de los medicamentos y prestaciones nos exige un esfuerzo económico para garantizar los servicios a sus afiliados«. El esfuerzo, a la luz del proyecto presentado el 14 de mayo, sería afrontado por los jubilados al pasarlos al PAMI.
ANTES:
Intervención del IPSS: las claves para entender el decreto del Gobierno
LA INTERVENCIÓN
La decisión del Gobierno de la Provincia de intervenir el IPSS se produjo en medio de serios problemas económicos-financieros y ante numerosas sospechas de irregularidades en el manejo de la institución que contiene a casi 300 mil afiliados, tal como se informó.
Sucede que los reclamos a la obra social perforaron la frontera de la institución que estuvo al mando de Gladis Sánchez y comenzaron a picar cerca de las paredes de Finca las Costas, lo que motivó la intervención de Sáenz y la designación del contador Emilio Savoy, quien apenas asumió sostuvo que «en ningún caso existe la posibilidad de una privatización ni nada por el estilo”.
Por caso, vale recordar que la diputada macrista Sofia Sierra denunció vínculos entre la extitular del IPSS y una empresa constructora que se hizo de licitaciones publicas en el marco de la «Emergencia Hídrica», una declaración que allana el camino para las contratos con el Estado sin muchas vueltas.
“Desde que se puso en marcha esta emergencia, la empresa ganadora de casi todas las contrataciones abreviadas por la emergencia es Todo Construcción SRL”, apuntó la legisladora del PRO, tal como informó BUUFO.
Y siguió: «¿Saben de quien es la empresa Todo Construcción SRL? De la doctora Gladis Sánchez, la presidenta del IPS. Ella es la dueña de la empresa que gana todas las contrataciones dentro de la Ley de Emergencia por escasez de agua”.
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