Sáenz celebra Reforma Migratoria de Milei y pide cortar planes sociales de ANSES

• La decisión del Gobierno Nacional modifica los requisitos para obtener la ciudadanía y promueve la expulsión de inmigrantes ilegales.
• El Decreto también restringe el acceso a los servicios de salud y educación a los extranjeros, en sintonía con el arancelamiento sancionado en Salta.

Gustavo Sáenz celebró el Decreto 366/2025 de Javier Milei y de su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por el cual se modifica el régimen migratorio y señaló que se trata de una medida que viene pidiendo desde su asunción como Gobernador de Salta, una provincia con pasos internacionales.

Además, Sáenz reiteró su pedido para “dar de baja los planes sociales de ANSES a aquellos extranjeros que los cobran sin vivir en nuestro país”. “Sé que el Gobierno nacional está trabajando en esa línea y nosotros estamos colaborando con todo lo necesario para que eso sea posible”, agregó el mandatario en sus redes sociales.

La iniciativa, que para el mandatario salteño representa “un gran paso en defensa de los intereses de nuestro país y de los argentinos”, establece mayores requisitos para obtener la ciudadanía argentina, allana el camino a la expulsión de inmigrantes ilegales o con condenas judiciales y restringe el acceso a la salud y educación.

Según argumentaron desde la Casa Rosada, el régimen vigente desde el año 2003 “no se ajusta a las necesidades y al estado actual de la situación, lo que produce que nuestro país esté expuesto a distintos peligros y consecuencias negativas”.

Y añaden: “La modificación propiciada contribuirá a desalentar el ‘turismo de natalidad’, una de las formas de abuso a la ley migratoria más recurrente en los últimos años, el cual se realiza con el único fin de que el hijo sea nacional argentino y, en consecuencia, permita a los padres acceder a una residencia permanente y, eventualmente, a una ciudadanía”.

La definición de «turismo de natalidad» va en sintonía con la de «turismo sanitario» que utilizó la Administración Sáenz al justificar el arancelamiento a la salud a extranjeros no residentes. Cuando fue impulsada, a fines de febrero, el Gobierno Provincial argumentó que se procuraba garantizar la solvencia del sistema de salud público ante los recortes de Nación y la caída en la recaudación. Se dijo también que la atención sanitaria a extranjeros se hacía “en detrimento de los nacionales que deben postergar su atención”.

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El decreto también sostiene que “una entrada masiva de extranjeros traería aparejada una fuerte afectación de la prestación de servicios esenciales provistos por el Estado Nacional y los estados provinciales y municipales” y que “los flujos migratorios sin el debido control” pueden derivar en casos de “explotación laboral, sexual o caer en circuitos de marginalidad que aumenten los índices de criminalidad en el país”.

QUÉ CAMBIA

Un punto central de la reforma migratoria es la modificación del artículo 6 de la Ley de Migraciones N° 25.871. En concreto, establece que el acceso a servicios sociales, bienes públicos, salud, educación, justicia, trabajo, empleo y seguridad social “estará condicionado a la categoría migratoria del extranjero”.

Las categorías aludidas son “residentes permanentes”, “residentes temporarios” o “residentes transitorios”, además de una “residencia precaria” que se otorga por 90 días corridos y que podrá ser revocada por Migraciones cuando no se cumplan con los motivos evocados para obtenerla. En suma, el Gobierno nacional establecerá qué categoría le corresponde a cada quien.

Con respecto a la salud, “los extranjeros residentes permanentes podrán acceder al sistema de salud público en igualdad de condiciones que los argentinos”, dice el texto, pero por fuera de los requisitos en los hospitales o centros de salud administrados por el Estado Nacional “solo se brindará tratamiento médico o atención sanitaria habitual contra la presentación de un seguro de salud o la previa cancelación del servicio”.

Finalmente, la medida dispone causas que impedirán el ingreso y permanencia de extranjeros y eventualmente la expulsión de estas personas. Para ello deberán presentar una declaración jurada para entrar al país para expresar sus motivos y demostrar que no cuentan con antecedentes en su contra.

Por su parte, el DNU de Milei introduce modificaciones a la Ley de Educación Superior N° 24.521 y a la Ley de Educación Nacional N° 26.206. El corazón de la reforma habilita el arancelamiento para extranjeros no residentes que deseen cursar sus estudios en cualquier institución de gestión estatal, además de aclarar que los menores deben ser admitidos en instituciones públicas o privadas debido a que la educación inicial, primaria y secundaria es obligatoria en el país.

“Sin perjuicio de ello, quienes no contaren con residencia permanente en el país podrán ser titulares de becas en los casos en que ello sea previsto por los estatutos correspondientes o por los convenios celebrados entre las instituciones de educación superior de gestión estatal y otros estados, instituciones u organismos nacionales e internacionales públicos o privados”, agrega.

Por último, en el Título II se modifica la Ley de Ciudadanía N° 346. Dice que “son ciudadanos por naturalización” los extranjeros mayores de 18 años que acrediten haber residido en Argentina en forma continua y legal durante los 2 años anteriores a la solicitud y manifiesten su voluntad de serlo ante la Dirección Nacional de Migraciones.

También alcanza a los extranjeros que acrediten ante Migraciones “haber realizado una inversión relevante en el país”, cuyo monto y rubro será definido por el Ministerio de Economía “pudiendo establecer proyectos específicos de inversión a tal efecto”. De hecho, se crea una “Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión” como un organismo descentralizado.

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