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- El acuerdo entre el Gobernador salteño y el organismo nacional prevé tareas de mantenimiento en el tramo Metán – Rosario de la Frontera.
- La ejecución quedará en manos de la Provincia, que asumirá el pago de certificados y un recibirá un anticipo financiero de parte de Nación.
El gobernador Gustavo Sáenz anunció que la Provincia se hará cargo de las obras de repavimentación y mantenimiento de la Ruta Nacional 9/34, específicamente en el tramo que une la ciudad de Metán con el departamento Rosario de la Frontera.
Además, Grand Bourg podrá ejecutar el saneamiento integral de la calzada, bacheo profundo y perfilado de banquinas, cuyo deterioro ha despertado una profunda preocupación en la región.
Las medidas se enmarcan en un acuerdo firmado por Sáenz con el administrador general de la Dirección Nacional de Vialidad, Marcelo Jorge Campoy, mediante el cual se destrabará administrativamente el flujo de capitales.
De esta manera, y sin haber alterado el contrato de obra pública a cargo de Nación, las máquinas volverán a trabajar sobre la calzada prontamente con el objetivo de recuperar el estándar mínimo de transitabilidad.
“Así se ha logrado articular con la Dirección Nacional de Vialidad un mecanismo excepcional que permita sostener la ejecución de este tramo de la ruta sin alterar las competencias propias de cada jurisdicción”, informó la Secretaría de Prensa del Gobierno.
Según fuentes oficiales, la intervención financiera provincial no trastoca el convenio licitatorio original. Simplemente que “Salta asumirá el pago de certificados y la inyección de un anticipo financiero” para llevar a cabo los trabajos.
El costo de los trabajos sobre la traza conocida como «la ruta de la muerte»– por la cantidad de siniestros con víctimas fatales- podría ascender a $3.000 millones, según manifestó el jefe de Gabinete, Sergio Camacho, en declaraciones radiales.
DETERIORO LIBERTARIO
Vale recordar que, a principios de 2026, la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) publicó un informe de relevamiento y advirtió que entre el 65% y el 70% de las rutas nacionales estaba en estado regular o malo.
Con el título “Desmantelamiento institucional y Emergencia Vial”, la FEPEVINA señaló que el abandono del Estado Nacional en el mantenimiento preventivo disparó la siniestralidad y provocó un aumento del 14% interanual en la cantidad de víctimas fatales (4.369 muertes).
“La infraestructura vial no es gasto corriente: es capital social, productivo y estratégico. Lo que hoy se destruye costará décadas y miles de millones reconstruir. Persistir en este rumbo no es ajuste: es abandono del Estado en una de sus funciones esenciales”, apunta el mencionado informe.
Y añade: “La situación de la Dirección Nacional de Vialidad no es sectorial ni coyuntural. Es un problema estructural de Estado. Desmantelar la política vial nacional implica:
- Más muertes evitables
- Más costos económicos (1–3% del PBI)
- Más desigualdad territorial
- Más dependencia futura de concesiones sin control público”.
IMPUESTOS Y FALTA DE TRANSPARENCIA
En el apartado “Impuesto a los Combustibles: opacidad, desvío y ruptura del pacto fiscal vial”, la FEPEVINA señala que el Impuesto a los Combustibles Líquidos “no se destina a su finalidad”, que es la infraestructura vial. Esto es, los usuarios pagan por caminos que no se mantienen, no se rehabilitan y no se construyen.
“La ausencia de trazabilidad y transparencia rompe el contrato fiscal básico entre el Estado y la sociedad, erosionando legitimidad institucional y alimentando conflictos territoriales (incluidas tasas viales municipales superpuestas)”, indicó el documento sobre el descalce fiscal en infraestructura vial.
En tal sentido, publica un cuadro comparativo entre la recaudación por el Impuesto a los Combustibles frente al Financiamiento efectivo por transferencias:
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