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- El fallo de la jueza Martina Forns se dio tras la presentación de ATE en contra de la medida del gobierno de Milei.
- Las críticas al ajuste en el INTI se multiplicaron en todo el país. Desde Salta advirtieron que se trata de un “ataque directo a la independencia tecnológica”.
El Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de la localidad de San Martín (Buenos Aires) ordenó al gobierno de Javier Milei que se abstenga de hacer cambios en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).
La medida judicial, que lleva la firma de la jueza Martina Isabel Forns, frena todo acto administrativo del Poder Ejecutivo sobre el organismo al que busca degradar. Esto incluye despidos, reubicaciones, traslados, suspensiones o el desguace de áreas específicas.
Vale recordar que, a través de un Decreto, la Administración Milei dispuso que el INTI se convierta en “una dependencia en la Secretaría de Producción y Comercio”, lo que representa una degradación institucional y una pérdida de autarquía financiera y autonomía de gobierno.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) presentó una medida cautelar para que se declare la nulidad e inconstitucionalidad del decreto presidencial debido a que se trata de una medida que “ocultaría una disolución, desfederalización y vaciamiento” del INTI.
El secretario general del gremio estatal Rodolfo Aguiar sostuvo que el Gobierno de Milei carece de habilitación legal y vulnera principios constitucionales como la legalidad, la división de poderes, la reserva de ley, la libertad sindical y la estabilidad del empleo.
Aguiar explicó que el Decreto 462/2025 del PEN elimina la autarquía del INTI y su conducción colegiada, contradiciendo la norma de su creación que aún está vigente. La jueza hizo lugar parcialmente a la cautelar de no innovar por seis (6) meses, tiempo en el cual el Gobierno nacional no podrá avanzar en su plan de transformación.
«Presidente Javier Milei, para asegurar el plan colonial que le encargaron, usted se propone aniquilar la industria y la producción, pero no va poder. Federico Sturzenegger (ministro de Desregulación del Estado) te digo que son bastante inútiles eh. Ni las facultades delegadas supieron utilizar. Uno por uno vamos a voltear tus decretos truchos», expresó el secretario general de ATE luego del fallo judicial.
Sturzenegger había afirmado en una nota con el canal LN+ que “va a haber menos gente trabajando, eso va a permitir reducir los costos del sector público, reducirle obstáculos a la producción privada y cada ahorro es un peso menos de impuestos al sector privado”.
Para el funcionario libertario, el INTI “en los hechos fue utilizado por la burocracia” para “generar trabas, regulaciones técnicas innecesarias y procesos engorrosos que perjudicaban a las empresas”. Y concluyó: “En definitiva, la pretensión de ser un instrumento de promoción industrial devino en un obstáculo que añadía costos al sector productivo”.
Además, para justificar los despidos que se produzcan con el ajuste sobre la planta de 2.356 trabajadores– cifra de Sturzenegger-, el ministro afirmó que “se pone fin al modelo utilizado durante años para acomodar militantes y gremialistas” en “estructuras administrativas sobredimensionadas”.
URGENTE!!
LA JUSTICIA VOLVIÓ A DAR LA RAZÓN A ATE Y FRENA EL CIERRE DEL INTI!!El Juzgado Federal Civil Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín falló a favor del sindicato y ordena al Gobierno que se abstenga de ejecutar cualquier acto administrativo que derive… pic.twitter.com/zdHl2IHY1o
— Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) July 29, 2025
LAS RESPUESTAS
Yamila Mathon, profesional del INTI en Buenos Aires, explicó en una entrevista con El Destape Radio que el organismo certifica el uso de ascensores, el proceso de envasado de los preservativos, los elementos de protección resistentes al fuego, el etiquetado de los alimentos, el desarrollo de prendas textiles específicas para abordar el Dengue, los materiales de la construcción, las pilas, la composición de los combustibles, productos farmacéuticos, entre otros productos que circulan en el mercado.
La profesional dijo que el INTI también interviene como parte neutral cuando hay intereses contrapuestos y enumeró dos ejemplos. Por un lado, cuando analizaron las medias sombras del boliche Cromañón en el juicio y también el agua durante el conflicto con Uruguay por el caso Botnia (hoy UPN), la papelera que derramó tóxicos años atrás en la frontera natural con Argentina.
Por su parte, desde el INTI en Salta también salieron al cruce del ajuste promovido por Milei y ejecutado por Sturzenegger. El director del organismo en la provincia, Guillermo Baudino, calificó el desguace como “una enorme irresponsabilidad” porque se pone en riesgo la seguridad de la población y los estándares de calidad industrial.

Baudijo dijo que es un “ataque directo a la independencia tecnológica de la Argentina”. “Nos enfrentamos a una pérdida estructural, no solo de empleos, sino de soberanía tecnológica, de capacidad de control del Estado, y de resguardo para los consumidores”, afirmó en diálogo con FM PROfesional.
Y graficó: “Nadie va a auditar si las tetinas de las mamaderas son seguras, si los juguetes no tienen pinturas tóxicas o si las pilas contienen mercurio (…). El derecho a la salud, al ambiente sano, a la protección del consumidor: todo eso queda expuesto. Esto no es eficiencia: es desprotección”.
En Salta, el INTA supo tener 40 técnicos y profesionales, pero la planta se redujo hasta las 26 personas que dependen del organismo. Fue la consecuencia del recorte aplicado en junio del 2024, cuando se inició el proceso de achicamiento que incluyó despidos, retiros voluntarios (forzados) y la eliminación de las sedes del organismo en Catamarca y Salta.
Ahora el Gobierno de Milei profundizó ese proceso de recorte. “La pérdida del INTI es un tiro directo a la competitividad de la industria nacional”, advirtió Baudino tras destacar la supervisión en productos que se exportan al mundo. Misma postura sostuvo cuando se trataba en el Congreso la llamada «Ley Bases» de Milei con la cual el Ejecutivo pudo avanzar (gracias a las facultades delegadas por legisladores) en el desguace del Estado.
Con el fallo judicial de la magistrada Forns, el Gobierno deberá abstenerse de aplicar cualquier tipo de medida.










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