Por impulso de los bloques “dialoguistas” y el peronismo, la Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto de ley que establece una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, fija un piso para el haber mínimo y otorga un incremento superior a lo dispuesto por el Gobierno para recomponer los ingresos de jubilados.
La iniciativa propone que las actualizaciones de los haberes sean a partir de un cálculo que contempla el índice de inflación como referencia y suma un incremento del 50% por variación salarial (RIPTE) que se aplicará en marzo de cada año. Además, fija un piso al haber mínimo: será equivalente a 1,09 del valor de la Canasta Básica Total.
Finalmente, el proyecto aprobado por la oposición unida introduce una suba adicional para recomponer la pérdida del poder adquisitivo. La propuesta era un emparde a la inflación más alta del año, registrada en enero con el 20,6%. El incremento será de 8,1%, que se acopla al 12,5% otorgado por decreto en abril.
Otro de los puntos esenciales del proyecto tiene que ver con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES. Los “dialoguistas” propusieron que se utilicen esos fondos para pagar los juicios previsionales con sentencia firme y se cubran las deudas de Nación con las cajas provinciales no transferidas. Mientras que el peronismo no quería que se tocara el FGS.
El acuerdo se dio con la movilidad jubilatoria y con la disposición de que los juicios y las cajas provinciales obtengan financiamiento por tributos específicos como el Impuesto al Cheque, el Impuesto PAIS y el IVA, sin tocar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
