PAMI-Salta cambió prestador en el Hospital Militar y afecta la situación de 17 mil jubilados

• El titular de la obra social nacional en Salta justificó la maniobra con denuncias de todo tipo sobre TISEC SRL, la empresa a cargo de los servicios en el nosocomio.
• Al menos 100 trabajadores serían despedidos y miles de adultos mayores quedaron en el limbo mientras se dirime el conflicto político-económico. ¿Quiénes se podrían beneficiar?

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, más conocido como PAMI, rescindió el contrato de la obra social nacional con la empresa TISEC S.R.L por la cobertura de las prestaciones en el Hospital Militar de Salta Capital. 

La medida afecta a casi 17.000 jubilados salteños que se atienden en el nosocomio, mientras que unos 100 trabajadores de la firma quedarían sin empleo desde el 1° de agosto, cuando finalice el contrato.

Según advirtió el personal de TISEC SRL, la decisión del PAMI-Salta, que está a cargo de César Dib, fue comunicada el 8 de julio a través de una carta documento en la que no se brindan detalles sobre el futuro de los afiliados.

“A partir del 1° de agosto, el PAMI nos va a retirar todas las cápitas de todos los pacientes que nosotros tenemos, que son casi 17 mil”, explicó uno de los trabajadores en un video difundido días atrás.

La planta laboral afectada está integrada por médicos, enfermeras, camilleros, responsables de mantenimiento, maestranzas y encargadas del quirófano.

Tras advertir que los pacientes son los primeros damnificados y que la empresa queda al borde de la quiebra, el vocero del grupo operacional de TISEC SRL sostuvo que la decisión de Dib incurre en una displicente irregularidad.

“Esto es una irregularidad porque lamentablemente el PAMI no pidió una reunión con la gerencia de la empresa o le hizo una propuesta de trabajo nueva. No. Ellos directamente decidieron- como tantas veces- que a partir del 1° de agosto la empresa queda sin asistencia, es decir que no va a tener los pacientes para seguir trabajando”, afirmó.

Durante el fin de semana la noticia corrió como reguero de pólvora y este lunes los trabajadores afectados y familiares de jubilados protestaron en las puertas de la oficina del PAMI en el microcentro.

ARGUMENTOS

Ante el malestar generado en la sociedad, César Dib acudió a la prensa para defender la rescisión del contrato con TISEC SRL. En diálogo con Multivisión  Federal, el funcionario libertario dijo que la decisión fue tomada porque una auditoría de 2023 detectó una serie de irregularidades en el cumplimiento contractual.

Entre las irregularidades detectadas se encuentran historias clínicas incompletas, omisiones de firma, horario y diagnóstico; ausencia de protocolos pre y post quirúrgicos; farmacias fuera de norma con insumos vencidos y sin refrigeración adecuada; reactivos mal almacenados, residuos patogénicos descartados incorrectamente y falta de esterilidad en el material quirúrgico, según reconstruye el portal InformateSalta.

De acuerdo con Dib, “los incumplimientos reiterados obligan a tomar decisiones cuyo único fin es proteger” a los afiliados de PAMI. “Es una empresa privada y, como cualquier prestador, está sujeta a controles. Si no cumple, se toman las medidas correspondientes”, abundó el funcionario nacional.

Finalmente, desde el PAMI aseguran que tienen en marcha un plan para reubicar a los afiliados que se atienden en el Hospital Militar en otros centros de salud, tanto privados como públicos, con los que ya tienen convenios.

La obra social nacional más grande de Latinoamérica (acompaña a 5 millones de jubilados y familiares a cargo, pensionados y veteranos de Malvinas) ya tiene una suerte de pre-acuerdo con otra empresa para cubrir las capitas en el Hospital Militar. Pero su nombre no fue dado a conocer oficialmente, lo que activó un sinfín de especulaciones.

Por caso, medios afines al Gobierno de la Provincia como «El 10 TV» señalaron como beneficiarios a la firma IMAC, al empresario Fernando Saavedra y al médico-empresario Leonardo Faila. Según la publicación, se quedarían con alrededor de $1.000 millones mensuales por absorber los afiliados del PAMI que se atienden en el hospital militar.

El caso salteño, además, podría ser un espejo de lo que sucedió en Jujuy. En la vecina provincia el PAMI quedó a cargo de Evaristo Bautisto, un hombre vinculado a Manuel Quintar, el diputado nacional por La Libertad Avanza cuya familia posee el sanatorio Los Lapachos. Manuel es hermano de Alba Quintar, afincada en Salta desde hace años.

A fines de marzo La Política Online publicó una nota en la que reveló que Quintar “copó el PAMI de Jujuy y manda a personas con discapacidades a hacerse estudios en su propia clínica”. Se trató de una maniobra para derivar a los beneficiarios de la Pensión no Contributiva por Invalidez Laboral al sanatorio privado Los Lapachos para que se hicieran los estudios que respaldaran su condición ante la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). En resumen, LPO indicó que se enviaban los afiliados del PAMI que controla Quintar a la clínica de la familia Quintar.

Por último, vale mencionar un tercer caso: el intendente de la localidad bonaerense de General Madariaga, Eduardo Santoro, denunció penalmente ante el Poder Judicial a las autoridades del PAMI luego de que la obra social nacional reasignara 3.000 cápitas del hospital municipal a la clínica privada Instituto Médico Madagariense. El intendente radical pidió que se investiguen los delitos de asociación ilícita, cohecho, tráfico de influencias y fraude en perjuicio de la administración pública. 

Al ser consultado por la prensa sobre el tema, el ministro de Salud Federico Mangione dijo que es un problema entre privados que espera se solucione prontamente sin afectar la atención a los jubilados y advirtió que los hospitales públicos provinciales «están teniendo una sobrecarga tremenda» por atender pacientes del PAMI que no reciben la cobertura integral por parte de la obra social. 

Lo cierto es que, a pesar de no conocerse en detalle las supuestas irregularidades de la empresa Tisec SRL para justificar la rescisión del contrato en el Hospital Militar, y mientras se multiplican versiones sobre posibles beneficiarios privados con el nuevo contrato del PAMI (con las sospechas generadas en tantos otros casos), casi 100 trabajadores se quedarían sin trabajo en agosto y unos 17 mil jubilados deberán cambiar su lugar de atención y sus médicos.