Durante el tratamiento de la Ley Bases en el Senado de la Nación, que fue aprobada en general por 37 votos a favor y 36 en contra, el libertario Bartolomé Abdala anunció que habría cambios en la votación en particular sobre el capítulo del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI). Hasta ese entonces nadie lo sabia.
El RIGI es el esquema que favorece a las grandes empresas con intereses en los sectores de minería, foresto-industrial, energía, infraestructura y tecnología. Tal esquema garantiza beneficios impositivos, disponibilidad de divisas y que no habrá cambios regulatorios por 30 años ni a nivel nacional, ni provincial ni municipal.
El alcance del artículo 165 modificado ratifica los sectores antes mencionados, pero estaría excluyendo a otros que estaban en la redacción original. Sucede que antes establecía la posibilidad de que “cualquier sector” se pudiera acoger al RIGI. El monto de 200 millones de dólares no se habría cambiado.
Asimismo, se incorporó un “mínimo del 20% de la totalidad del monto de inversión” de las empresas para comprar a proveedores locales, aunque aclara que siempre y cuando “la oferta se encuentre disponible y en condiciones de mercado en cuanto a precio y calidad”. “Dicho porcentaje mínimo deberá mantenerse durante las etapas de construcción y operación”, agrega.
Sáenz con el ahora Jefe de Gabinete, Guillermo Francos:
OTROS CAMBIOS
En el artículo 196 se establecieron cambios que, según detalla Parlamentario.com, recae sobre “los cobros de exportaciones de productos del Proyecto Adherido al RIGI efectuados por los VPU quedan exceptuados en los porcentajes descriptos a continuación de la obligación de ingreso y/o negociación y liquidación en el mercado de cambios”. Y detalla:
• Veinte por ciento (20%) luego de transcurrido dos (2) años contados desde la fecha de puesta en marcha del VPU;
• Cuarenta por ciento (40%) luego de transcurrido tres (3) años contados desde la fecha de puesta en marcha del VPU;
• Ciento por ciento (100%) luego de transcurrido cuatro (4) años contados desde la fecha de puesta en marcha del VPU.
Finalmente, hubo cambios en el artículo 205 que se refiere a que las acciones, cuotas o participaciones sociales de los VPU adheridos al RIGI puedan ser objetos de negocios jurídicos de garantía; esto es, “garantía con entidades financieras, organismos de créditos, locales o extranjeros, sin autorización previa de la autoridad de aplicación”.
MESA DE COBRE Y LITIO
Hace unos días los Gobernadores de cinco provincias mineras- Salta, Jujuy, Catamarca, San Juan y Mendoza– y el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, conformaron la Mesa del Cobre.
Al igual que con la mesa del litio, el objetivo es que las autoridades mineras de cada distrito puedan coordinar políticas públicas para la extracción, producción, investigación, industrialización y comercialización del cobre y subproductos. Son dos minerales claves en el proceso de transición energética y Salta tiene vastas reservas de ambos.
“El momento para que se concreten las inversiones reales en cada una de nuestras provincias, es ahora”, afirman en el acta constitutiva los mandatarios, e insisten: “Esperamos el compromiso y el esfuerzo de quienes hoy son los titulares de proyectos con mayor grado de avance hacia su construcción”.
Además de pedir al sector privado que se ejecuten las inversiones, ya que “no se puede seguir esperando”, los Gobernadores señalaron el favorable contexto internacional con el alza de precios y la proyección de aumento de la demanda del mineral en el mundo.
“Esta es la oportunidad para aprovechar y exigir que se pongan en marcha importantes proyectos; tenemos que ponernos a trabajar. No podemos seguir esperando. Hay proyectos que tienen más de 50 años y aún sin avance. Es ahora cuando el país y las provincias los necesitan; es ahora cuando el mundo lo demanda”, afirmó Sáenz en ese encuentro.
Por eso es que los diputados nacionales de Innovación Federal, que responden a Sáenz y a sus pares de otras provincias, votaron a favor de la Ley Bases original que termino cayendo. Hablamos de Pamela Calletti, Pablo Outes y Yolanda Vega. En el Senado hace lo propio Juan Carlos Romero, el socio político del mandatario provincial.
“El mencionado Registro es una puerta de acceso camuflada con visos de legalidad para que capitales provenientes del tráfico de estupefacientes, armas y personas, entre otros, ingresen al circuito económico y financiero de la República Argentina sin exigencias reales de licitud de origen y trazabilidad”, señala un trabajo del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un organismo anti-lavado.
“No existe en el texto del proyecto de ley ningún requisito solido de acreditación de origen licito de los fondos o su trazabilidad para evitar un blanqueo o lavado encubierto producto de organizaciones criminales (…). La Argentina se transformaría en un nuevo paraíso fiscal para capitales de origen incierto”, apunta el GAFI.
