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- El Gobernador salteño pidió una suerte de auditoría sobre las personas que tienen planes sociales o perciben una Asignación Universal por Hijo en zona de frontera.
- Sáenz dice que ajustando en ese sector se podría financiar a la discapacidad y a los jubilados, aunque sigue sin aportar datos al respecto.
El gobernador salteño Gustavo Sáenz propuso nuevamente a la Nación “suspender todos los planes sociales en zona de frontera» y reasignar los fondos que se generen tras una auditoría para financiar los haberes jubilatorios y las pensiones no contributivas para las personas con discapacidad.
«Yo planteé ya en varias oportunidades que con los planes sociales, sobre todo las provincias que somos fronterizas, vemos cómo mes a mes se cruzan de un país a otro, a cobrar una asignación universal por hijo y después se vuelven al país vecino«, afirmó.
Para llevar a cabo la depuración, Sáenz dijo que se debe exigir que “vengan cada uno” de los beneficiarios de planes sociales o de Asignaciones Universales por Hijo (AUH) para “acreditar la residencia real en nuestra provincia y en cada una de las provincias y en el país».
Mes a mes se cruzan de un país a otro, a cobrar una AUH y después se vuelven al país vecino
Gustavo Sáenz, gobernador de Salta
“Con esta medida se podría beneficiar a los jubilados y aumentar los beneficios a las personas con discapacidad, ya que se estaría evitando la cantidad de fondos que estamos regalando a los extranjeros que no viven y que no residen, que no trabajan y que no aportan nada a nuestro país«, sostuvo.

No es la primera vez que Sáenz pide cortar con los beneficios sociales a personas que viven en el extranjero. En agosto dijo que se debían terminar “de una vez por todas con los planes sociales, con las AUH a todos aquellos que se cruzan la frontera para tener hijos acá y ponen como residencia la casa de un pariente”.
La reiteración podría estar relacionada a la campaña electoral, puesto que el discurso anti-extranjero reafirmaría la consigna que se hizo nombre en el frente oficialista: «Primero los Salteños».
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Además, Sáenz volvió a defender el arancelamiento a la atención sanitaria para extranjeros, una medida que decidió aplicar porque «era muy injusto ver los tours de salud para venir a atenderse a nuestros hospitales», argumentó.
«Esto debería pasar en los hospitales públicos de todo el país. Porque en cualquier parte del mundo, al extranjero, nos cobran la salud. Y si no pagas, no te atienden», planteó el mandatario salteño, que aclaró que «por una cuestión humanitaria nunca dejamos de atender cuando hay riesgo de vida».
Por su parte, Sáenz habló sobre la suspensión «indiscriminada e injusta de beneficios a personas con discapacidad» que calificó como una «torpeza«. «No es lo mismo en la Capital Federal notificar a la gente, que en la geografía de Salta, que tiene una geografía muy grande, donde hay parajes muy alejados», explicó.
En su análisis, esta medida fue calificada como «muy triste» y generó «una angustia muy grande» al suspender no solo las pensiones, sino también la cobertura médica y los insumos. Sáenz consideró que esta situación es una muestra de «desconocer desde un escritorio en Capital Federal la realidad de muchas provincias».

DE SALTA PARA TODO EL PAÍS
Como informó BUUFO, además de la provincia de Salta, el arancelamiento en la salud para extranjeros no residentes se ha implementado en Mendoza, Jujuy y Santa Cruz. La última de ellas fue la provincia norteña, pues si bien aprobaron una ley tiempo atrás, su reglamentación se había paralizado a partir de un convenio entre Argentina y Bolivia. El Gobierno jujeño la puso en marcha en septiembre.
El gobierno de Javier Milei anunció que enviará un proyecto de ley al Congreso para implementar el arancelamiento en la atención en el sistema sanitario público a ciudadanos extranjeros no residentes a partir de la modificación del régimen migratorio.
Al cabo de unos meses Milei envió ese proyecto al Parlamento. Un punto central de la reforma migratoria es la modificación del artículo 6 de la Ley de Migraciones N° 25.871. En concreto, establece que el acceso a servicios sociales, bienes públicos, salud, educación, justicia, trabajo, empleo y seguridad social “estará condicionado a la categoría migratoria del extranjero”.
(Sáenz celebra Reforma Migratoria de Milei y pide cortar planes sociales de ANSES)
Las categorías aludidas son “residentes permanentes”, “residentes temporarios” o “residentes transitorios”, además de una “residencia precaria” que se otorga por 90 días corridos y que podrá ser revocada por Migraciones cuando no se cumplan con los motivos evocados para obtenerla. En suma, el Gobierno nacional establecerá qué categoría le corresponde a cada quien.
Con respecto a la salud, “los extranjeros residentes permanentes podrán acceder al sistema de salud público en igualdad de condiciones que los argentinos”, dice el texto, pero por fuera de los requisitos en los hospitales o centros de salud administrados por el Estado Nacional “solo se brindará tratamiento médico o atención sanitaria habitual contra la presentación de un seguro de salud o la previa cancelación del servicio”.




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