- El Secretario de la Cámara de Proveedores Mineros de Salta puso la lupa en la reglamentación del régimen de incentivo a las grandes inversiones.
- Gómez Martínez señaló la importancia de tener claridad sobre el porcentaje mínimo de empresas locales que se deben contratar.
Ayer la Cámara de Diputados de Salta dio media sanción a los proyectos que proponen la adhesión de la Provincia al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y al Paquete Fiscal, ambas iniciativas de Javier Milei aprobadas en el Congreso Nacional con el tratamiento de la Ley de Bases.
Como se explicó, el RIGI es un esquema que otorga por 30 años beneficios aduaneros, cambiarios y fiscales a las empresas con intereses en los sectores de la minería, la foresto-industria, la energía, el petróleo y el gas, la infraestructura, la siderurgia, la tecnología y el turismo que concreten inversiones por 200 millones de dólares o más.
BUUFO dialogó con el secretario de la Cámara de Proveedores de Empresas Mineras de Salta (CAPEMISA), Rodrigo Gómez Martínez, para analizar el impacto que tendría la puesta en vigencia del RIGI en el sector minero, no solo en la exploración y explotación del litio- que tal vez tenga mayor repercusión mediática- sino también del cobre y del oro.
Gómez Martínez sostuvo que el RIGI es necesario para que Argentina sea un país competitivo a nivel internacional y concrete inversiones, una apuesta que para lograr su esplendor requiere de estabilidad jurídica y de reglas claras en materia impositiva a largo plazo. De allí el impulso a una rápida adhesión de la Provincia.
“Lo que tenemos que tratar es ver cómo nos adherimos, si de manera total como lo hizo la Nación, o si lo haremos parcialmente para hacer algunas adendas, modificaciones o reglamentaciones para que la Provincia siga manteniendo su autonomía en varios puntos. Lo que más nos preocupa a nosotros es el compre local”, afirmó el referente de CAPEMISA en «Sapo de Otro Pozo» (Radio UNSa 93.9).
El empresario de BIOTEC, una firma que se dedica a la prestación de servicios y logística minera, hizo referencia al artículo del RIGI que establece que al menos un 20% de la inversión total de un proyecto debe estar destinado a la contratación de empresas locales. Gómez Martínez advirtió que se debería aclarar si se refiere a empresas nacionales o provinciales.
Así lo explicó: “El RIGI contempla un 20 por ciento de compre local, pero al ser una norma que no se reglamentó todavía, no entendemos si es un compre local nacional o hace referencia a un 20 por ciento de un compre local de la provincia. Actualmente la ley minera habla de que hay dos etapas, de construcción y de producción, que como mínimo deberíamos tener un 30% de la inversión con proveedores locales. Es uno de los puntos críticos que tenemos nosotros para analizar cómo va a reglamentar la provincia la adhesión al RIGI”.
Tal como informó este medio, en el articulado en cuestión se habla de que el piso del 20% para la contratación de firmas locales se dará siempre y cuando “la oferta se encuentre disponible y en condiciones de mercado en cuanto a precio y calidad”. Y agrega: “Dicho porcentaje mínimo deberá mantenerse durante las etapas de construcción y operación”.
La aclaración que pide Gómez Martínez de CAPEMISA es, entonces, fundamental para las empresas salteñas. Según la secretaria de Minería y Energía, Romina Sassarini, la adhesión de Salta al RIGI no se contrapone con lo estipulado en la Ley 8.164 de Promoción Minera que garantiza un porcentaje mínimo en la participación de los proyectos.
REGALÍAS
Otro de los puntos tratados en la Cámara baja local fue la adhesión al Paquete Fiscal, el cual propone una modificación en la normativa minera a nivel nacional, particularmente en lo que refiere a las regalías.
En concreto, la ley sancionada habilita a las Provincias la posibilidad de subir el porcentaje de cobro en “boca de mina” del 3% al 5% para los nuevos proyectos. La iniciativa fue aprobada por amplia mayoría, con cuatro votos en contra de los macristas-mileístas Roque Cornejo Avellaneda, Griselda Galleguillos, Sofía Sierra y José Gauffín.
Según fuentes oficiales, el objetivo de ello es “la obtención de mayores ingresos que resultan necesarios a fin de que la provincia pueda continuar con el plan de políticas públicas de desarrollo que impactan de manera directa tanto en una mayor calidad de vida de los salteños, como así también redundan en beneficios para las empresas que desarrollan su actividad en el territorio provincial”.
Tanto el proyecto de adhesión al RIGI como la posibilidad de subir las regalías mineras serán convertidas en ley en el Senado, donde el oficialismo cuenta con una mayoría abrumadora, con apenas uno o dos legisladores opositores al Gobierno de la Provincia.
E.F.
