Mariano Cuneo Libarona, ministro de Justicia de la Nación, defendió el proyecto del Gobierno para bajar la edad de imputabilidad a los niños y niñas de 13 años (actualmente es de 16 años). Según el funcionario, deben ser tratados como adultos porque- citando al presidente Javier Milei– consideró que son conscientes de la criminalidad de sus actos.
“El joven de 1980, cuando se dictó la ley, no es el mismo de hoy. Ahora tienen consciencia, sabe, actúa con dolo, tiene intención”, afirmó en diálogo con TN. La iniciativa de Cuneo Libarona fue impulsada en tándem con su par de Seguridad, Patricia Bullrich, con el objetivo de cambiar el régimen penal.
La iniciativa gubernamental prevé sanciones que varían según la gravedad del delito: impone penas que van de tres a seis años que se podrán aplicar en casos con víctimas fatales, violencia física o psíquica severa, o lesiones extremadamente graves. El máximo de pena para quienes tengan entre 13 y 18 años de edad es de 20 años.
“Siempre que no haya existido muerte de la víctima, grave violencia física o psíquica sobre las personas, no haya lesiones gravísimas en delitos culposos y no se registren otros procesos o condenas, la pena podrá reemplazarse por: amonestación, prohibición de aproximarse a la víctima o sus familiares, prohibición de conducir vehículos, prohibición de concurrir a determinados lugares, prohibición de salir del país o de un ámbito territorial, prestación de servicios a la comunidad, monitoreo electrónico”, añade.
Del Pino mencionó dos puntos a tener en cuenta. En primer lugar, que “cuando se trata de menores en conflicto con la ley penal se roza con los derechos humanos”, y en la materia hay un principio de progresión que es que, cuando se consolida tal derecho, no se puede volver para atrás. “Establecer los 14 años como el piso para la imputabilidad en la legislación argentina no puede ser para atrás, sino que tiene que ser para adelante”, dijo.
En segundo lugar, el abogado sostuvo que existen instrumentos referidos a los derechos humanos y, citando a UNICEF, advirtió que ni siquiera hay garantías de aseguramiento de justicia en una sociedad estableciendo la baja de imputabilidad de los menores o niños en materia penal.
“Ninguna de estas soluciones garantiza la resolución del conflicto en particular y tampoco en general (…). No se viene a solucionar nada al meter a un niño preso”, afirmó Del Pino al manifestarse en contra de la propuesta de La Libertad Avanza y recordar el principio de “mínima intervención” donde el derecho penal se auto-reconoce como una rama del derecho (pena, juzgamiento) que sostiene la irresolución de los problemas de la sociedad.
Actualmente, de acuerdo con la ley de minoridad nacional y a los códigos provinciales, se establece que el niño de 14 años es inimputable; salvo alguna situación que pueda ser objeto de una cautelar, está excluido del sistema judicial. De 14 a 16 años se debe declarar la responsabilidad penal y la solución es alojarlo en institutos para chicos en conflicto con la ley penal.
Ciertamente, hay un sector de la sociedad que entiende que la mano dura o endurecimiento de las penas terminaría con los hechos de inseguridad o casos delictivos. De allí que, cada vez que un menor participa de algún delito, la noticia reflejada en medios de comunicación y redes sociales centran su abordaje en que son reincidentes porque no pueden ser encerrados tras las rejas.
Si partimos de ese encuadre, la presentación del proyecto de Bullrich-Cuneo Libarona busca ganar apoyos ante una sociedad que sufre hechos delictivos. Para Del Pino, “hay un sector de la sociedad que festeja cada cercenamiento de los derechos”. Bullrich ya intentó avanzar en este sentido cuando fue parte del gobierno de Mauricio Macri y el ministro de justicia era Germán Garavano.
Al ser consultado por el involucramiento de las instituciones en la materia, el abogado Pablo Del Pino consideró que, ya sea en el tratamiento legislativo o públicamente, la Corte de Justicia, las Cámaras de Casación o Impugnación, o los Colegios de Abogados deberían pronunciarse: “Tienen responsabilidad institucional de hacerlo”.
