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- La modificación del régimen electoral fue acompañada por la mayoría oficialista con la oposición de once legisladores libertarios-macristas.
- Uno de los argumentos centrales del proyecto fue la ausencia de debate interno tras la supresión de las PASO, medida también resuelta por el oficialismo.
Luego de un extenso debate, la Cámara de Diputados de Salta dio media sanción al proyecto de ley que modifica el Régimen Electoral de la Provincia, el cual fue promovido por representantes de la coalición gubernamental que conduce Gustavo Sáenz.
Conocida popularmente como “Ley de Lemas”, en alusión al esquema que funcionó en Salta hace varios años y que aún está vigente en ciertos distritos, la propuesta pretende imponer como candidatos electos a quienes consiguieren la mayor cantidad de votos sumando todos los sufragios de los partidos que integran un frente o alianza.
La iniciativa fue avalada por la amplia mayoría de legisladores pertenecientes a la coalición de gobierno “Salta Tiene Futuro” o “Primero Los Salteños”, mientras que se registraron 11 votos en contra de diputados de La Libertad Avanza (9), el PRO (1) y la UCR (1).
Ahora el proyecto pasó al Senado de la Provincia, donde también se descuenta su aprobación, debido a que el oficialismo cuenta con 22 de los 23 representantes departamentales, con la sola excepción de la Capital.
ARGUMENTOS A FAVOR
Desde el oficialismo aseguraron que el objetivo es “fortalecer la representación política, ordenar la competencia entre las distintas fuerzas y ampliar las formas de participación ciudadana, en un contexto que cambió sustancialmente a partir de la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO)”.
La eliminación de las PASO, decisión adoptada por la misma coalición política que impulsó la Ley de Lemas, “también implicó la desaparición de un espacio donde se expresaban diferencias internas dentro de los partidos, frentes y alianzas” de manera tal que la reforma en cuestión “busca dar respuesta a esa situación”.
“El mecanismo propuesto se apoya en una lógica conocida por la sociedad salteña: la suma de los votos obtenidos por los partidos que integran un frente o alianza, combinada con la definición del candidato o la lista más votada dentro de ese espacio”, explicaron los 38 diputados del bloque “Todos por Salta”.
Y añaden que, con este nuevo esquema, “el electorado puede expresar su preferencia por un proyecto político amplio y, al mismo tiempo, definir cuál de las propuestas internas cuenta con mayor respaldo, fortaleciendo la legitimidad de quienes resulten electos”.
Finalmente, concluyen que esta reforma “fortalece los principios esenciales del sistema democrático provincial, adaptándose a un nuevo escenario institucional»: «El proyecto procura ampliar la participación, ordenar la competencia y asegurar que cada voto tenga un impacto real en la distribución de cargos electivos, contribuyendo así a una democracia más representativa, transparente y cercana a la voluntad popular”.
RECHAZOS
Los detractores de la modificación sostuvieron que se trata de una “estafa electoral” toda vez que una persona puede terminar ocupando un cargo electivo sin haber obtenido el acompañamiento mayoritario de la ciudadanía, pues la sumatoria de sufragios de un frente podría dejar atrás a una lista de otro espacio por más que se imponga en las urnas de forma individual.
El jefe de la bancada libertaria Eduardo Virgili sostuvo que la medida convierte al voto de una persona como «una vil mercancía» para llevarlo a otro candidato. «Están quitándole la voluntad al elector (…). El candidato que más votos tiene puede perder. No tiene sentido ni representatividad«, apuntó.
Virgili agregó que la reforma demandará mayores gastos estatales puesto que habrá cientos de candidatos cuyas campañas serían afrontadas con recursos públicos: «Todo el mundo sabe que esa plata la va a poner el salteño. Es plata del Estado. Acá se gobierna con la billetera estatal (…). Van a convertir a los salteños en financistas del propio fraude que le van a hacer vivir«.
Tanto es así que el diputado de Metán, Sergio López (LLA), sugirió que la iniciativa obedece a intereses inconfesos y preguntó al oficialismo si sabían para quién estaban «trabajando».




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