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- El ministro firmó un convenio con las autoridades del Consejo Profesional que exige conocimiento en tributos, minería, etc.
- También se confirma un desembolso de casi $8 millones para pagar los estudios contables de ONGs sin fines de lucro.
El ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur, junto con la secretaria de Ingresos Públicos, Soledad Claros, firmaron dos convenios con el presidente del Consejo Profesional de Ciencias económicas (CPCE), Néstor Daniel Cáseres, para mejorar la situación laboral del sector.
Por un lado, las partes sellaron un acuerdo para que el CPCE convoque a los egresados de las diferentes carreras afines- de diversas Universidades- a realizar sus pasantías en las dependencias de la cartera económica.
Se trata de un intento de Dib Ashur por retener en el Estado a quienes se egresen de las carreras universitarias de Contador Público Nacional, Licenciatura en Administración de Empresas o Licenciatura en Economía.
Los requisitos para la realización de esas pasantías (que si bien no lo especifican oficialmente, serían remuneradas) son los siguientes:
- Tener hasta 32 años cumplidos a la fecha de postulación;
- Tener conocimiento en materia tributaria, minera, procedimiento administrativo provincial, gestión de proyectos y uso de herramientas para análisis de datos;
- Ser matriculado activo del Consejo Profesional;
- No poseer antecedentes penales ni sanciones administrativas del Consejo Profesional.
Por otro lado, el Ministro de Economía, los referentes de la Dirección General de Rentas y los representantes del Consejo Profesional firmaron un documento por el cual se confirma la asistencia financiera estatal para aquellas organizaciones sin fines de lucro que no cumplieron con las exigencias de auditoria y certificación de sus Estados Contables.
(Gaspar Solá ratifica a Víctor Claros, le otorga sueldo de Secretario y pasa la motosierra a otros)
“Con esta acción, se contribuirá a un ecosistema más transparente y responsable; permitiendo además que dichas organizaciones puedan continuar con el cumplimiento de sus objetivos sociales”, sostuvieron desde el Grand Bourg.
El desembolso que hará el Estado para que se puedan pagar esos trabajos asciende a $7.750.000, cuyo destino quedaría en manos de las personas encargadas de concretar ese procedimiento administrativo estatal para las asociaciones civiles y fundaciones que cumplen “un papel esencial en el desarrollo social y cultural de la comunidad”.
Ambas iniciativas estarían evidenciando la migración de profesionales de las ciencias económicas al sector privado y las dificultades que atraviesan tanto las organizaciones del llamado “tercer sector” (ONGs) como así también los matriculados del CPCE en el contexto económico que atraviesa el país y la provincia.
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